El gobierno de la Comunidad de Madrid ha reaccionado ante las recientes declaraciones de ciertos sectores políticos que aseguran un cambio en la política de acogida de menores extranjeros no acompañados. A pesar de las acusaciones, las autoridades locales afirman que no hay un giro en su enfoque, sino que se busca un procedimiento para la reagrupación familiar de estos jóvenes tras un incidente violento en el centro de La Cantueña en Fuenlabrada.

En una conferencia organizada por Europa Press, el portavoz del gobierno de la comunidad, Miguel Ángel García Martín, defendió la postura del Ejecutivo regional. Aseguró que las decisiones deben ser guiadas por criterios técnicos y el interés superior del menor, subrayando que cuando los expertos consideran que la reagrupación familiar es lo más beneficioso, se procede a solicitar la devolución de estos menores a sus familias.

La situación se intensificó la semana pasada cuando se remitieron al gobierno central cuatro expedientes de menores para su reagrupación. Esto ocurrió poco después de que la Policía Nacional interviniera en un violento altercado que resultó en varios heridos, incluyendo a trabajadores del centro. La solicitud de reagrupación fue bien recibida por el partido Vox, que apoyó esta medida como una solución adecuada ante la crisis.

García Martín también abordó la problemática de las mafias que operan en la captación de emigrantes, advirtiendo sobre el uso indebido de menores que ya han alcanzado la mayoría de edad. En su intervención, el portavoz destacó que es fundamental proteger a estos jóvenes, tanto a través de la tutela en la comunidad autónoma como instando al gobierno central a asumir sus responsabilidades en este ámbito.

El portavoz recordó que el año pasado, en 2024, Madrid atendió a un total de 2.442 menores no acompañados y que, desde 2019, han recibido a más de 10.000 de estos jóvenes. Subrayó que la comunidad ha cumplido con los plazos establecidos por el Ministerio de Juventud e Infancia en cuanto a la entrega de datos relacionados con la situación de estos menores.

Por otro lado, García Martín criticó el reciente acuerdo de reparto de cargas con el partido Junts, que se instauró sin negociación previa con ninguna comunidad autónoma. Afirmó que este método no es eficientee si no se tiene la capacidad de controlar adecuadamente la situación, señalando que las fronteras de España son especialmente vulnerables a la inmigración irregular, lo que plantea serias preocupaciones sobre la seguridad de los inmigrantes, muchos de los cuales enfrentan peligros mortales en su travesía.