En un paso significativo hacia la protección de los derechos de propietarios, la Comunidad de Madrid ha decidido implementar un programa que brinda apoyo integral a las víctimas de la ocupación ilegal de viviendas. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso, incluye asesoría jurídica gratuita, asistencia especializada y atención psicológica para quienes se han visto afectados por esta problemática creciente en la región.
Según anunció Díaz Ayuso, el servicio de asesoría legal estará disponible de manera inmediata a través de los colegios de abogados de Madrid y Alcalá de Henares. Complementariamente, se ofrecerá apoyo psicológico sin costo alguno a través de la Red de Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito, con un enfoque particular en las personas más vulnerables, quienes suelen ser las más impactadas por estas situaciones de ocupación.
Este nuevo protocolo, celebrado por la presidenta y los decanos de los colegios de abogados y procuradores, establece un marco claro de actuación frente a la ocupación ilegal, una de las preocupaciones más apremiantes para los propietarios de vivienda en la región. Díaz Ayuso destacó que, aunque la Comunidad de Madrid no posee todas las competencias necesarias para lidiar con este problema en su totalidad, no se quedará de brazos cruzados ante lo que ha definido como una lacra social.
La presidenta también subrayó que actualmente hay más de 9.000 viviendas ocupadas en la comunidad, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar este fenómeno. Además, reveló que la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras ha destinado hasta el momento más de dos millones de euros en ayudas para arrendatarios afectados por impagos o ocupaciones ilegales de sus propiedades.
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