Crónica Madrid.

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La Comunidad anuncia su intención de apelar la decisión del TSJM que invalida parte del convenio de empleados públicos.

La Comunidad anuncia su intención de apelar la decisión del TSJM que invalida parte del convenio de empleados públicos.

La Comunidad de Madrid ha decidido presentar un recurso jurídico contra la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha declarado nulo parcialmente un convenio firmado entre el Ejecutivo regional y los sindicatos. Esta decisión se produce a tan solo una semana de la firma del acuerdo, que regula las condiciones del personal funcionario y laboral en la Administración autonómica.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, liderada por Rocío Albert, ha aclarado a Europa Press que el plazo para formalizar el recurso concluía este lunes. Sin embargo, todavía hay procedimientos adicionales que deben completarse antes de que el recurso sea presentado oficialmente.

La semana anterior, el Gobierno regional había manifestado su intención de revisar profundamente la sentencia, que anuló cinco artículos del convenio laboral, alegando que estos infringían derechos fundamentales como el derecho a la huelga y a la manifestación. Cabe destacar que el tribunal sólo aceptó aproximadamente una quinta parte de las 29 impugnaciones presentadas por el sindicato CC.OO.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la resolución judicial "reconoce la posibilidad de que el contenido del convenio cumpla completamente con la legislación", subrayando que las modificaciones requeridas pudieran limitarse a ajustes en la formulación o justificación del texto.

Los responsables del gobierno autonómico defienden que la sentencia no revoca el pacto alcanzado con los principales sindicatos, el cual incluye mejoras significativas en la carrera profesional de más de 40,000 empleados públicos del sector de la administración y servicios, quienes podrían experimentar un aumento salarial de hasta el 50%.

Este convenio, que comenzó a tener efecto el 1 de enero, fue impugnado por CC.OO. y también fue cuestionado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La Sección 1 de lo Social del TSJM declaró nulos los apartados 3, 4, 5 y 6 del convenio, que incluían un compromiso de no convocar huelgas, concentraciones, manifestaciones o cualquier tipo de conflicto colectivo destinado a alterar lo acordado.