El Gobierno, la Comunidad y los ayuntamientos de Madrid y Rivas han llegado a un acuerdo este mes para implementar un plan extraordinario de realojos.

MADRID, 24 Mar.

Las viviendas en la Cañada Real Galiana y la escasez de suministro eléctrico que han padecido durante más de tres años --afectando a más de 4.000 vecinos, incluidos 1.800 niños-- siguen siendo un problema que ha sido destacado una vez más en el Informe anual presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en el Congreso de los Diputados este viernes.

Según el informe, en 2023 la institución continuó con las gestiones sobre este asunto, las cuales fueron detalladas en el informe del año anterior.

Durante este periodo, se completaron las acciones con el Ayuntamiento de Coslada (Madrid), al confirmar que el tramo de la antigua cañada que atraviesa esta localidad se ha integrado en el tejido urbano de manera adecuada y las viviendas allí ya tienen un suministro eléctrico regular.

Cabe destacar que los sectores V y VI afectados por esta problemática se encuentran en los municipios de Madrid y Rivas Vaciamadrid.

Se dejaron pendientes las acciones con el resto de administraciones implicadas hasta recibir respuesta de todas ellas.

El Defensor menciona que, tras una reclamación de distintos colectivos ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa (Procedimiento de Reclamación Colectiva 206/2022), la institución fue solicitada por dicho comité para presentar sus observaciones como tercero en la reclamación, la cual aún está pendiente de resolución al cierre del informe.

En este mismo mes de marzo, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana de España; la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; la Delegación de Gobierno en Madrid y los ayuntamientos de Madrid y Rivas han acordado un Plan Extraordinario de realojos en la Cañada Real Galiana.

El plan detalla los compromisos y acciones a llevar a cabo por todas las partes involucradas en la Comisión de Realojos.

En cuanto a la inversión prevista, se estima un total de 330 millones de euros, distribuidos en 110 millones de euros para cada uno de los tres niveles de administración participantes, el Ministerio de Vivienda, la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, en proporción al número de familias realojadas en cada municipio.