La Audiencia Provincial de Madrid está lista para emitir el fallo del conocido caso de las mascarillas el próximo 19 de marzo. En este proceso judicial se investiga una presunta estafa contra el Ayuntamiento de Madrid, en la que están involucrados Luis Medina y Alberto Luceño. Se les acusa de haber vendido material sanitario defectuoso durante los momentos críticos de la pandemia, lo que llevó al Consistorio a gastar casi once millones de euros en un suministro de dudosa calidad.

De acuerdo con un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal ha convocado a todas las partes implicadas y a los acusados, quienes estarán presentes a través de sus representantes legales, en la sede de la Audiencia de Madrid a las 10:30 horas para conocer la sentencia.

El proceso judicial concluyó el 27 de febrero, después de que las defensas presentaran sus alegatos finales. Los abogados solicitaron a la corte que absolvieran a sus clientes, alegando que no había pruebas concluyentes de una estafa en perjuicio del Ayuntamiento.

Durante las ocho sesiones del juicio, se escucharon los testimonios de varios funcionarios del Ayuntamiento, incluyendo a la jefa de compras del Consistorio durante la pandemia y al director gerente de Madrid Salud, así como peritos de la Agencia Tributaria y de la Policía Municipal.

Los acusados insistieron en que nunca discutieron las comisiones con Elena Collado, la jefa de compras, a pesar de que ella había afirmado lo contrario. Además, afirmaron que el precio de las mascarillas fue fijado por la empresa proveedora malaya, Leno.

José Antonio Choclán, el abogado de Luis Medina, argumentó que solicitudes de absolución eran válidas, ya que la acusación de estafa carecía de sustento. Anotó que, debido al colapso del mercado, era imposible determinar un sobrecoste en los precios de las mascarillas y que no había incumplimiento de contrato, ya que la intención era proporcionar material sanitario.

El abogado de Alberto Luceño respaldó estos argumentos respecto al delito de estafa agravada, subrayando que no existió ocultación de la comisión de cinco millones que su cliente recibió por la operación.

Por su parte, el fiscal solicitó penas de cárcel que oscilan entre nueve y quince años por los delitos que se les imputan, que incluyen estafa agravada, falsedad en documento mercantil y delito fiscal, además de la inhabilitación para el ejercicio comercial durante el tiempo de la condena.

La fiscalía sostuvo que los hechos estaban suficientemente probados y mencionó correos electrónicos que demostraban un claro ánimo de lucro. Destacó que, por ejemplo, las comisiones alcanzaron un 149% en el caso de las mascarillas, 244% en los test y hasta un 426% en los guantes, lo que evidencia una intención de obtener ganancias desmedidas.

En su argumento, el fiscal también mencionó pruebas de que se ocultaron las comisiones y que los acusados intentaron presentar sus acciones como altruistas, contrariamente a un correo de Elena Collado donde se afirmaba que no recibirían compensación por la operación.

Finalmente, el fiscal expuso que el aumento en los precios era un mecanismo claro de engaño, señalando que los acusados habían afirmado tener experiencia en comercio exterior, cuando en realidad no habían formalizado ninguna operación en esos años.