La acusación de 'la patada en la puerta' busca que el jurado refuerce el principio de igualdad ante la Ley
Se inicia el juicio contra seis agentes de la Policía Nacional acusados de allanamiento de morada en Madrid. La acusación particular pide al jurado que considere que "nadie está por encima de la ley" y que los acusados violaron la Constitución, especialmente en estos tiempos de inestabilidad política debido a los pactos de Pedro Sánchez.
La Audiencia Provincial de Madrid dio comienzo al juicio oral por los hechos ocurridos el 21 de marzo de 2021, cuando seis agentes usaron un ariete para ingresar a una vivienda en la calle Lagasca de Madrid, donde se celebraba una fiesta ilegal debido a las restricciones horarias por la pandemia.
El abogado de la defensa solicita la absolución de cinco de los policías y argumenta que el jefe de grupo creía que la acción era legal. El letrado defensor de los acusados es Juan Gonzalo Ospina, quien pide cuatro años de cárcel para los agentes.
En la primera sesión del juicio, se realizará la selección del jurado y se leerán los argumentos de acusación y defensa. Mañana se llevarán a cabo las cuestiones previas y los alegatos de las partes, mientras que el miércoles declararán los acusados y testigos.
A su llegada al tribunal, Juan Gonzalo Ospina expresó que afrontan el juicio con esperanza y que ha sido un camino largo y duro, con ataques personales incluidos. Considera que es un triunfo para la democracia que un jurado popular decida si hubo allanamiento de morada.
El abogado destaca que hubo tres decisiones judiciales que confirmaron la posible existencia de indicios de criminalidad en el caso y resalta que los agentes de policía, conocedores del Código Penal y la Constitución, ingresaron con un ariete a un domicilio durante la época del Covid. Asegura que no hubo orden judicial ni delito que justificara la acción.
El abogado Juan Antonio Frago, defensor de dos de los agentes, argumenta que sus clientes actuaron conforme a la legalidad al considerar que se estaban cometiendo varios delitos dentro del domicilio. Menciona la desobediencia grave, la reiterada negativa a identificarse y los ruidos que generaban una infracción según el artículo 325 del Código Penal. También destaca las coacciones para evitar el legítimo disfrute del derecho de vivienda de otros vecinos.
La acusación particular solicita cuatro años de cárcel e inhabilitación absoluta durante seis años por allanamiento de morada y daños. De forma subsidiaria, el abogado pide una multa de 5.400 euros.
En su escrito, el abogado expone que los agentes ingresaron a la vivienda en el número 18 de la calle Lagasca sin el consentimiento de los moradores ni autorización judicial, derribando la puerta y deteniendo a los ocupantes.