La Comunidad de Madrid ha reiterado su compromiso de compensar a aquellos que han sido perjudicados por las obras de ampliación de la Línea 7B del metro. Aseguran que han llevado a cabo todas las valoraciones posibles dentro del marco legal establecido.

La reciente decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 11 de Madrid, fechada el 30 de junio, ha fallado a favor de un ciudadano que sufrió daños a raíz de estas obras. El tribunal ha dictaminado que se debe aumentar la compensación inicial por los perjuicios sufridos en una plaza de garaje en la calle Rafael Alberti, en San Fernando de Henares.

La sentencia obliga a la Comunidad de Madrid a aceptar las tasaciones propuestas por los afectados, además de reconocer y compensar el daño moral padecido por ellos. Este fallo ha sido recibido con satisfacción por parte de la Asociación de Afectados Rafael Alberti-Presa, que lo considera un hito significativo para validar las valoraciones reales de los inmuebles en cuestión.

Juan Fuentes, presidente de la citada asociación, indicó que la valoración realizada por sus expertos se ajustaba al valor real del mercado, en contraposición a las cifras que ofrecía la Comunidad, que consideraron insuficientes. Los residentes exigen que las indemnizaciones reflejen con mayor precisión el valor de sus propiedades, dado que han sido ofrecidas cantidades que consideran irreales para su situación actual.

Las compensaciones ofrecidas por el gobierno regional rondan entre los 136.000 y 355.000 euros, acompañadas de sumas extras que oscilan entre 10.000 y 33.000 euros por las plazas de garaje. Sin embargo, el temor de los vecinos radica en que estas cifras no se acercan al valor real de las viviendas de la zona, que rondan los 250.000 euros.

Fuentes explicó que otro de los temas en disputa fue la falta de reconocimiento del daño moral, especialmente en casos donde se perdió no solo la vivienda, sino otros bienes también. Este fallo es el primero de un total de 28 demandas presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por parte de los afectados.

Los miembros de la asociación se mostraron optimistas acerca de futuras resoluciones. Fuentes subrayó que la justicia se hizo presente, y la persistencia y organización de los ciudadanos han dado sus frutos, reafirmando su postura crítica hacia la actuación de la Comunidad en este asunto.

El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, defendió que la Comunidad de Madrid ha siempre ofrecido la máxima compensación posible en este tipo de circunstancias. Aseguró que, si las decisiones judiciales son firmes, serán respetadas y aplicadas sin dilaciones.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, insistió en el compromiso de la administración por restaurar la normalidad a los afectados y recordó que las evaluaciones de indemnización se basan en criterios legales y técnicos, empleando informes de tasación respaldados por la normativa vigente.

Además de considerar el valor de las viviendas, estas tasaciones incluyen pérdidas económicas derivadas del desalojo, como gastos de mudanza y daños a los enseres que quedaron en las propiedades. También se contempla la compensación por el daño moral y las ganancias perdidas.

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras aseguró que los residentes tienen todo el derecho de emprender acciones legales si no están de acuerdo con las valoraciones presentadas, y afirmaron que el Gobierno respeta estas decisiones y el proceso judicial que se siga.

Por su parte, la formación política Más Madrid ha calificado este fallo como un avance crucial en el reconocimiento de los problemas que enfrentaron los vecinos afectados y en la crítica a la gestión del Partido Popular en la Comunidad. Prometieron seguir luchando por la reparación de estos ciudadanos, reiterando su apoyo a las familias afectadas por las obras del metro.