En Madrid, el 27 de junio, se ha dado a conocer que la jueza Inmaculada Iglesias, quien dirige el Juzgado de Instrucción número 19, ha decidido encargar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la investigación relacionada con Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El auto emitido por la jueza, el cual se centra en una pieza separada que investiga un posible caso de corrupción y administración desleal, estipula un plazo de cinco días para que se presente un recurso de apelación. Esta decisión ha sido confirmada por fuentes de Europa Press.

La Fiscalía había solicitado específicamente la intervención de la UCO, citando la complejidad y el alcance interprovincial de la trama presuntamente delictiva. En el auto también se menciona que, según información de la Agencia Tributaria, la empresa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos, de la que González Amador es socio y administrador, experimentó un notable aumento de ingresos durante 2020 y 2021, derivado de operaciones de venta de material sanitario y de importantes facturaciones a su cliente principal, Quirón Prevención SL.

En cuanto a los fundamentos legales, se destaca que el 4 de diciembre de 2020, Maxwell adquirió la sociedad Círculo de Belleza SL por casi medio millón de euros a la esposa de un alto ejecutivo de Quirón Prevención, una transacción que generó dudas sobre el valor real de la empresa. Se menciona que solo unos meses antes, esta mujer había comprado la empresa por un monto significativamente menor, lo que sugiere que la operación pudo haber sido una estrategia para incrementar artificialmente su valor.

Las declaraciones de los implicados llevaron al fiscal a concluir que González Amador no habría pagado la suma mencionada, ya que la empresa carecía de actividad significativa. Existían indicios de que esta transacción tenía como fin la compensación por la intermediación entre distintas entidades y el incremento en las facturaciones desde Quirón Prevención.

En 2020, Maxwell generó ingresos por 1,9 millones de euros a partir de la intermediación en ventas de equipos de protección sanitaria a MAPE Asesores SA, lo que incluye facturas que suman considerable cantidad de dinero. Estas operaciones han levantado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y legalidad del manejo financiero de la empresa.

Un informe de inspección, elaborado en octubre de 2022, evidenció que Círculo Belleza SL, que posteriormente se transformó en Masterman & Whitaker, era una mera fachada utilizada por Maxwell para enmascarar parte de sus actividades reales y eludía los protocolos adecuados para la prestación de servicios que realmente no estaba en condiciones de ofrecer.

Para llevar a cabo esta maniobra, Maxwell firmó un contrato con Masterman y Quirón Preventivo, en el que se cedían partes de un acuerdo denominado 'Gran Cuenta'. Al día siguiente, González Amador, ahora socio único de Masterman, se quedó con todos los derechos sobre la empresa y, por tanto, con la posibilidad de manejar los recursos económicos que quedaban allí.

La inspección concluyó que se había llevado a cabo una simulación en la prestación de los servicios, lo que permitió a Masterman aparecer como el proveedor real, aunque carecía de los recursos necesarios para ello. La conclusión es que Maxwell debía haber sido la entidad que facturara directamente a Quirón, dada su capacidad operativa.

Ante estos hallazgos y la complejidad del caso, el juzgado ha accedido a solicitar la intervención de la UCO para investigar a fondo los sucesos, con el propósito de determinar si las acciones presuntamente ilegales han derivado en ocultación de su origen ilícito.