En una decisión judicial reciente, la jueza de Instrucción número 20 de Madrid ha propuesto llevar a juicio a dos altos cargos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por un presunto delito de prevaricación relacionado con el derribo ilegal de una vivienda en la Cañada Real en julio de 2022, a pesar de las objeciones presentadas por el afectado en el procedimiento administrativo que demostraban que era su hogar habitual.

Este hecho se desprende de un auto al que tuvo acceso Europa Press, en el que la magistrada decide continuar con las diligencias por el trámite del procedimiento abreviado, para determinar si los actos atribuidos al jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, Julio César S. G., y al excomisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, Markel G. P., constituyen un delito de prevaricación.

Según informa 'elDiario.es', la jueza ha dado a las partes la oportunidad de presentar un escrito de acusación en la fase intermedia del procedimiento, donde podrán solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento del caso.

El pasado octubre, el jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid admitió ante el juez que proporcionó información errónea y que se procedió al derribo sin realizar más consultas.

La denuncia sobre este derribo, realizado en el mayor asentamiento chabolista de Europa, fue presentada por CAES --Centro de Asesoría y Estudios Sociales-- y abarca presuntos delitos como allanamiento de morada, daños, contra la ordenación del territorio y prevaricación.

De acuerdo con CAES, este derribo es parte de una campaña sistemática de acoso y derribo por parte de las Administraciones públicas, cuyo objetivo sería expulsar a los residentes históricos de la Cañada Real en beneficio de desarrollos urbanísticos en el sureste.

En el auto, la jueza resalta las contradicciones entre las declaraciones de los investigados y la documentación presentada, considerando que existen indicios suficientes de criminalidad para justificar la continuación del caso.

La acusación particular indica que el derribo se autorizó sin realizar las comprobaciones necesarias, a pesar de las alegaciones presentadas por el afectado que justificaban que la vivienda era su hogar.

El afectado, de nacionalidad marroquí, reside en España desde hace años y ha establecido su domicilio en la Cañada Real desde 2004. La vivienda derribada tenía más de 20 años de antigüedad y se encontraba en una situación similar a otras casas antiguas en la zona.

El Ayuntamiento de Madrid inició un expediente por construcción sin licencia contra la vivienda, pero el denunciante presentó alegaciones y un recurso contra la orden de demolición.

Según la denuncia, el derribo no debería haberse llevado a cabo sin concluir el procedimiento administrativo y sin elaborar un presupuesto de demolición previo.

A pesar de esto, la demolición se realizó el 19 de julio de 2022, mientras el denunciante se encontraba en Marruecos de viaje. Vecinos le informaron por teléfono de lo que estaba sucediendo, detallando que incluso intentaron derribar otras construcciones en la parcela colindante.