La jueza que se encarga del caso de las muertes en residencias durante la primera ola del COVID-19 ha decidido remitir el asunto al Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid. Esta decisión, tomada por la magistrada María Pilar Esteban, se basa en una solicitud de uno de los imputados, quienes argumentaron que los mismos hechos están siendo investigados en la corte citada, según informan fuentes jurídicas.

Como resultado de esta inhibición, se han suspendido las declaraciones previstas para el próximo martes de destacados exfuncionarios del Gobierno regional, entre ellos Carlos Mur, Javier Martínez Peromingo y Pablo Busca. Estas comparecencias formaban parte de una investigación sobre una denuncia presentada por la plataforma Mareas de Residencias, que alega discriminación en la atención sanitaria a dos ancianos que fallecieron en una residencia de Leganés.

La jueza ha explicado que el Juzgado de Instrucción número 3 tiene conocimiento previo de los hechos que están bajo investigación. Ahora corresponde a la jueza Isabel Durante decidir si acepta la acumulación de los casos relacionados. El abogado de Martínez Peromingo ya ha hecho una solicitud formal en este sentido ante el Juzgado 3 de Madrid.

Los ex altos cargos, que debían comparecer el pasado 26 de mayo, se vieron obligados a retrasar sus declaraciones porque alegaron no haber recibido la información necesaria de las actuaciones en su contra. La situación ha generado un gran interés mediático y ha levantado numerosas inquietudes sobre el manejo de la crisis sanitaria en los centros geriátricos.

Durante la última audiencia, el juez escuchó el testimonio del exconsejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, quien alegó que los protocolos de derivación de residentes a hospitales se aplicaron de manera discriminatoria, afectando a la atención médica recibida por los ancianos.

El juez también interrogó a Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, y a Antonio Burgueño, exasesor de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Ambos fueron clave en las decisiones que se tomaron durante la gestión de la pandemia.

Los acusados enfrentan graves imputaciones por un supuesto delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria, lo cual está penado en el artículo 511 del Código Penal. Aunque el caso había sido archivado temporalmente, la Fiscalía Provincial solicitó su reapertura el 1 de abril, iniciando un nuevo capítulo en esta incierta saga judicial.

La jueza decidió suspender la declaración de Burgueño tras escuchar su testimonio sobre una llamada telefónica que recibió de la presidenta Ayuso, en la que se discutió la necesidad de establecer un mando único para abordar la crisis sanitaria. En dicha reunión también participaron Miguel Ángel Rodríguez y el exconsejero Enrique Ruiz Escudero.

Carlos Mur, en el momento de los hechos, ocupaba el cargo de director general de coordinación sociosanitaria y fue responsable de firmar los polémicos protocolos que prohibían la derivación hospitalaria de residentes durante la primera ola de la pandemia. Por su parte, Javier Martínez Peromingo era el geriatra encargado de 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles, y asumió el cargo tras la destitución de Mur.

Pablo Busca, en su rol como director gerente del Summa 112, tuvo bajo su supervisión las ambulancias durante el inicio de la crisis. Las organizaciones involucradas han expresado su preocupación, indicando que "las ambulancias jugaron un papel fundamental en la estrategia sanitaria, ya que dejaron de responder directamente a los residentes enfermos".