El magistrado encargado de la investigación sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, ha citado a declarar como testigos, el próximo 22 de enero, a representantes de importantes empresas como Google Spain, Indra y Telefónica. La intención de esta citación es esclarecer las inversiones que estas compañías realizaron en un software que se sospecha puede haber sido indebidamente apropiado por Gómez.

De acuerdo con una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez Juan Carlos Peinado también ha convocado para el mismo día a Arsys Internet, además de los ex vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal.

Es relevante señalar que Doadrio y Coello ya habían sido llamados a declarar anteriormente, lo que hace de esta su segunda citación. Por otro lado, la compañía Indra comunicó al juez a principios de diciembre que había invertido 128.442 euros en el software correspondiente al máster de Transformación Social Competitiva de la UCM, lo que añade un matiz más a la investigación en curso.

Estas nuevas citaciones se producen tras la declaración de Gómez ante el juez el 18 de diciembre, en la que la investigada fue preguntada sobre su posible implicación en delitos de apropiación indebida o intrusismo. Según informaron fuentes jurídicas presentes en la declaración, Gómez negó, a preguntas de su abogado, cualquier intención de apropiarse de las marcas al registrar TSC Transformación Social Competitiva y el software de la cátedra, argumentando que no actuó con ánimo de lucro.

Se debe recordar que el juez amplió la investigación en octubre, en respuesta a una querella presentada por la organización Hazte Oír, que alega la posible apropiación indebida del software de la UCM y un supuesto intrusismo en la creación de pliegos técnicos para contratar el servicio de asistencia y asesoría técnica para el desarrollo de dicho software.

Tras la citación, el abogado de Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, defendió por escrito que la firma de Gómez en el pliego de prescripciones técnicas se debió a una indicación expresa de la UCM. Camacho también presentó correos electrónicos que, según él, demuestran que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Complutense le indicaron claramente "cómo debía registrar" el dominio de internet que ahora está siendo objeto de la investigación. El abogado enfatizó que el registro de ese dominio se llevó a cabo siguiendo las instrucciones provistas por la propia universidad.