La Audiencia Nacional ha concluido la investigación en la pieza 5 del llamado 'caso Púnica' y ha propuesto llevar a juicio al exsecretario general del PP madrileño y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, y a otras 20 personas por presuntas irregularidades en los contratos de los ayuntamientos de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el juez ha encontrado indicios para juzgar a Granados, al empresario David Marjaliza y a su mujer, Adela Cubas, y a otros tres exalcaldes de Valdemoro y varios exaltos cargos del Consistorio de dicho municipio, así como a un exalcalde de Moraleja de Enmedio, técnicos municipales y personas vinculadas al Grupo Marjaliza.

Al mismo tiempo, ha archivado y sobreseído completamente la pieza 5 para dos personas y ha decidido archivar parcialmente la causa para otras siete, solo en lo referente a dos de los expedientes vinculados a la participación en los procesos de licitación de la empresa Recuperaciones Oasis SL.

Los delitos, según el juez, serían de cohecho en concurso real con un delito de prevaricación administrativa y revelación de información reservada y secretos; tráfico de influencias; fraude; cohecho de particular en concurso con un delito de prevaricación administrativa; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y cohecho de persona jurídica.

La pieza separada cinco se ha centrado en investigar la contratación administrativa llevada a cabo en los ayuntamientos madrileños de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, lo que, según el juez, "ha permitido constatar una serie de prácticas por parte de los encargados municipales responsables del procedimiento de contratación, encaminadas a asegurar la adjudicación del contrato administrativo licitado a una determinada empresa".

En todos los contratos se constata, según el auto, una influencia directa o indirecta por parte del empresario David Marjaliza sobre quienes tienen la responsabilidad en el procedimiento de contratación, "tratando de lograr que la sociedad finalmente propuesta por el órgano de contratación sea precisamente aquella que al empresario interesa en cada caso".

Los contratos investigados incluyen la gestión del servicio de estacionamiento regulado, las concesiones administrativas de cafeterías, aparcamientos, servicios municipales de grúa, instalaciones deportivas y servicios de recogida de ropa y zapatos usados, entre otros.

Marjaliza era informado con antelación sobre el inicio de estas licitaciones, según ha explicado el magistrado, para poder preparar la documentación necesaria con evidente ventaja sobre posibles rivales, asegurándose así su adjudicación. Su influencia en determinados cargos públicos de Valdemoro resultaba especialmente relevante para obtener información y poder influir en la toma de decisiones.

En conclusión, el juez ha dado un plazo de diez días a las acusaciones para formular el escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.