En la capital española, el próximo viernes se llevará a cabo una vista por la controversia legal que enfrenta al expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Esta situación surge a raíz de la expulsión de Leguina del partido en diciembre de 2022 tras mostrar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas celebradas el 4 de mayo de 2021.

La demanda presentada por Leguina se centra en la alegación de una vulneración del derecho de militancia, y está dirigida contra personas clave dentro del PSOE, específicamente el secretario de organización Santos Cerdán y la dirigente Marta López Expósito. El expolítico busca su reintegración como miembro del partido, además de reclamar una indemnización por daños que asciende a 18.000 euros.

Entre sus pretensiones en el ámbito judicial, Leguina solicita que se reconozca la violación de su derecho fundamental a ser parte del PSOE. Adicionalmente, demanda la suspensión del procedimiento de expulsión que le fue impuesto, lo que pone de manifiesto el conflicto interno dentro del partido.

Cabe recordar que durante el pasado abril, un juez se negó a aceptar las medidas cautelares que Leguina había solicitado para revertir la decisión del PSOE respecto a su suspensión de militancia, un evento que subraya la complejidad legal de su situación.

La demanda también plantea la nulidad de la resolución del 23 de noviembre de 2022, que resultó en la suspensión cautelar de su militancia. Leguina insiste en que esta medida no solo ha causado daños morales, sino que también ha afectado su derecho constitucional a participar en la vida pública y a ejercer la crítica y libertad de expresión.

El enfrentamiento entre Leguina y el PSOE se inició formalmente con la apertura de un expediente de expulsión en relación a él y a Nicolás Redondo Terreros, después de las elecciones autonómicas. La acusación contra ambos insinuaba que habían ejercido una conducta que favoreció a la presidenta Ayuso. Este tema fue discutido en la reunión de la Ejecutiva Federal del partido posterior a los comicios.

A pesar de que el expediente contra Nicolás Redondo fue finalmente archivado, ya que el PSOE determinó que no había solicitado el voto para el Partido Popular, Leguina no tuvo la misma suerte. Redondo, al conocer la decisión respecto a su propio expediente, expresó su opinión indicando que esta situación refleja una discrepancia considerable dentro del partido socialista.

En contraste, el expediente de expulsión contra Joaquín Leguina continuó su trámite, culminando en la entrega de un burofax por parte de Correos a su domicilio, informándole de la suspensión de su militancia, lo cual pone de relieve las tensiones existentes en el seno del PSOE y los posibles motivos subyacentes que llevaron a tal decisión.