En un caso reciente en la Audiencia Provincial de Madrid, se ha celebrado un juicio a pesar de la ausencia del acusado, un hombre de 68 años, que no se presentó a la vista. Este proceso legal se llevó a cabo debido a que la pena solicitada no supera los dos años de prisión, lo que permitió proceder con el juicio sin su presencia.

El acusado fue identificado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del Metro de Madrid, las cuales documentaron su acto vandalismo en julio de 2021. En esa ocasión, pintó una esvástica de gran tamaño en un bolardo frente a la sinagoga del distrito de Chamberí, un acto que ha generado una alarma considerable entre la comunidad judía de la capital.

Durante el juicio, el fiscal ha solicitado una condena de quince meses de cárcel por un delito de odio, argumentando que la acción del acusado resultó en un "gran impacto negativo" en la comunidad judía, al simbolizar una trivialización del genocidio y una exaltación del régimen nazi y su líder, Adolf Hitler.

Los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo la investigación, ofrecieron su testimonio en el tribunal, explicando cómo lograron conectar al individuo con el delito a través de las imágenes captadas en el Metro de Madrid. Se observó que el acusado ingresó en la estación de Metro de Iglesia justo antes de ser identificado.

Durante la declaración, los testigos indicaron que el acusado mostró una actitud poco cooperativa, negándose incluso a ser sometido a reconocimiento. Una evaluación psicológica realizada en prisión reveló que el hombre padece un trastorno psicótico caracterizado por ideas referenciales, lo que implica una desconexión de la realidad y la creencia de que diversos elementos del entorno están dirigidos hacia él.

Los hechos ocurrieron entre la medianoche y las primeras horas del día 31 de julio de 2021, cuando el acusado se dirigió a la Sinagoga 'Beth Yaacov' y pintó una esvástica en un bolardo visible desde la entrada del lugar, en un momento en que había personas en su interior.

El representante del Ministerio Público afirmó que este acto representó un ataque directo a la dignidad de los miembros de la comunidad judía, además de considerar que conllevó una reprobación de la historia y un desprecio hacia las víctimas del Holocausto. Asimismo, el Ayuntamiento se vio obligado a limpiar el bolardo, lo que generó un costo de 25 euros por el que se reclama indemnización al perpetrador del vandalismo.