Crónica Madrid.

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Gobierno intenta controlar la Justicia con rechazo a ley de nombramiento de jueces, denuncia comunidad.

Gobierno intenta controlar la Justicia con rechazo a ley de nombramiento de jueces, denuncia comunidad.

En un nuevo episodio de intervencionismo por parte del Gobierno central, el Congreso de los Diputados rechazó la proposición de ley aprobada en la Comunidad de Madrid que buscaba eliminar la designación de jueces por parte de los parlamentos regionales en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos. Esta medida, que contó con el rechazo de PSOE, Más País y sus aliados de Junts, PNV y BNG, fue criticada por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, quien la consideró un intento de interferir en la independencia judicial.

Para García Martín, la negativa del Congreso a esta propuesta representa un paso más en los esfuerzos del Gobierno de Pedro Sánchez y sus aliados por controlar el sistema judicial. Según el portavoz del Ejecutivo madrileño, la intención detrás de este rechazo podría estar relacionada con la discusión de la Ley de Amnistía en la Cámara baja o con la intención de tener influencia sobre el 25% de la justicia autonómica en los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos.

El consejero señaló que la propuesta simplemente buscaba garantizar que los jueces tuvieran la capacidad de elegir a sus propios colegas, en lugar de depender de las designaciones políticas. Sin embargo, esta iniciativa fue rechazada en el Congreso de los Diputados, lo que generó críticas por parte de las autoridades madrileñas.

Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se insiste en que se busca dotar de medios y garantizar la independencia judicial, mientras que se denuncia la intromisión del Gobierno central y sus aliados en el proceso de designación de jueces. Según García Martín, estas acciones podrían estar motivadas por intereses políticos relacionados con casos de corrupción política y económica.

La proposición de ley aprobada en la Asamblea de Madrid en febrero de 2023 busca modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para cambiar el proceso de nombramiento de magistrados de las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Esta reforma propone que estas plazas sean ocupadas por magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en función de su experiencia y conocimientos específicos, excluyendo así la intervención de los Parlamentos autonómicos en este proceso.