Madrid, 22 de noviembre. La Delegación del Gobierno de la capital española ha tomado la decisión de iniciar un proceso sancionador en respuesta a las declaraciones que ha calificado de "racistas y antidemocráticas" durante la reciente manifestación organizada por la Falange en las calles de Madrid. Esta marcha, que se desarrolló bajo el lema 'Contra el genocidio del 78: en defensa de nuestra nación y de nuestro pueblo', ha generado una considerable controversia.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, se pronunció ante los medios afirmando que se aplicarán las sanciones estipuladas por la ley. Durante la manifestación se escucharon "mensajes racistas, xenófobos y homófobos", así como amenazas de muerte, que, según Martín, son "absolutamente inaceptables" y podrían constituir delitos de odio.
La Delegación está evaluando las sanciones dirigidas hacia los organizadores de la marcha en virtud del artículo 10 de la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe cualquier acto que exalte las dictaduras o incite al odio. Se está investigando también si corresponde remitir el asunto a las autoridades judiciales debido a la posible comisión de delitos de odio o amenazas, como subrayan fuentes de este organismo.
Desde la Delegación del Gobierno se ha destacado la gravedad de los mensajes vertidos, los cuales son claramente racistas y antidemocráticos, incluyendo amenazas de carácter violento.
La marcha, que había sido inicialmente prohibida por la Delegación, fue posteriormente autorizada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras un recurso presentado por la Falange. Unas 700 personas se dieron cita en la manifestación, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, un hecho que marcó el inicio de un nuevo período político en España que culminó con la Constitución de 1978.
La convocatoria, publicada en redes sociales por La Falange, hacía referencia a diversas víctimas, desde aquellas de la "gestión sanitaria" hasta las de "la violencia inmigrante" y del "terrorismo", con un enfoque en reivindicar una serie de causas sociales.
La concentración comenzó alrededor de las 21:00 horas en las proximidades de la sede del Partido Popular, y los manifestantes recorrieron varias calles, llegando a la sede del PSOE, donde expresaron consignas fervorosas y realizaron el saludo fascista, con banderas preconstitucionales en manos.
Una vez en las cercanías de la sede socialista, efectuaron cánticos provocativos como "no es una sede, es un puticlub" y "Pedro Sánchez, hijo de puta". La manifestación se llevó a cabo tras la autorización reciente del TSJM, que revocó la prohibición de la Delegación, alegando que esta no se fundamentaba en evidencias completas sino en meras especulaciones sobre posibles infracciones legales.
El tribunal sostuvo que las sospechas no son suficientes para restringir el derecho de reunión reconocido por la legislación, añadiendo que si se produjeran violaciones de la norma durante la marcha, habría mecanismos legales para intervenir después, pero no se puede impedir un evento por anticipar futuros problemas.
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