En un nuevo giro en el caso de las mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esta acción busca revertir la absolución de Luis Medina y Alberto Luceño en relación con un delito continuado de falsedad en documentos mercantiles.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, el recurso se centra exclusivamente en la acusación de falsedad documental, dejando de lado la absolución por el delito de estafa que ambos hombres recibieron tras el juicio. También se solicita una revisión de la pena impuesta a Luceño, que ya fue condenado por varias infracciones, para que su delito de falsedad en un documento oficial sea calificado como continuo.

El 19 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid había dictado sentencia absolviendo a ambos acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid, aunque condenó a Luceño a tres años de prisión por fraude fiscal y falsificación de documento público.

La Fiscalía ahora exige que se les reconozca como responsables de falsedad continuada en documentos mercantiles, pidiendo una pena de dos años de prisión y diez meses de multa con una cuota diaria de 500 euros. El fiscal subraya que los documentos falsificados por Luceño, con la colaboración de Medina, fueron dirigidos al SEPBLAC, la entidad encargada de prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo en España.

Se argumenta, además, que al menos uno de estos documentos fue presentado ante la Agencia Tributaria durante el proceso que llevó a Luceño a su actual condena por un delito contra la Hacienda Pública. Esta presentación excede el marco privado del negocio entre las partes, afectando así la seguridad de las transacciones comerciales y activando mecanismos de prevención del blanqueo de capitales de distintas entidades financieras.

La Fiscalía argumenta que estos documentos provocaron la elaboración de un informe de inteligencia financiera, que a su vez resultó en el actual procedimiento penal. Asimismo, se requiere que la condena de Luceño no se limite a falsedad en documentos oficiales, sino que se incluya un delito continuado que resalte la gravedad de su conducta, ya que se ha comprobado que fabricó un carnet del CNI, entre otros documentos fraudulentos.

Finalmente, también se solicita el decomiso de los bienes de Luceño, así como cualquier otro activo que posea, hasta alcanzar un total de 1.351.386,29 euros, cantidad que se destinaría prioritariamente a cubrir responsabilidades civiles relacionadas con el caso.