La comunidad universitaria de Madrid se encuentra en pie de guerra ante lo que consideran una injusta responsabilidad impuesta por la administración regional. Tras la crisis económica del 2008, los centros universitarios han vivido un verdadero estrangulamiento en su financiamiento, el cual, según los representantes de estos centros, no es culpa de quienes laboran en ellos.

A mediados de noviembre, los sindicatos de estudiantes y trabajadores organizan una huelga para exigir que se garantice una financiación plena para las universidades públicas. Esta movilización, que aún tiene pendiente confirmar las fechas específicas, busca llamar la atención sobre la crisis que atraviesan estas instituciones, la cual consideran está siendo minimizada por la Comunidad de Madrid.

Desde las plataformas universitarias han señalado que Madrid es la región que menor inversión por estudiante destina a sus universidades públicas. Además, critican que, pese a sufrir recortes constantes, estas instituciones presentan las tasas académicas más altas del país junto con salarios que no reflejan la realidad del costo de vida, siendo los más bajos entre todas las comunidades autónomas.

Un estudio reciente demuestra que entre las 49 universidades públicas de España, las que reciben menos financiamiento por estudiante son precisamente la Rey Juan Carlos, la Autónoma, la Carlos III y la Complutense. Esta situación pone de manifiesto un profundo problema estructural en la educación superior de la comunidad, según afirma el coordinador de la plataforma.

Contrasta esta situación con el hecho de que el Producto Interno Bruto de la Comunidad de Madrid ha crecido un 8,8% en los últimos 15 años, mientras que el presupuesto destinado a personal en la Universidad Complutense ha disminuido en un 15,5%. Los representantes del sector universitario se niegan a aceptar que el acceso a una educación pública y de calidad esté sujeto a criterios de rentabilidad económica, característicos del sector privado.

En reciente anuncio, el Gobierno regional ha decidido inyectar 10 millones de euros adicionales en un modelo de financiación por objetivos para las seis universidades públicas de la región. Sin embargo, la plataforma UCM por la Pública argumenta que esta medida es insuficiente y recalcan la necesidad de garantizar un financiamiento del 100% para el sistema educativo público, argumentando que no deben ser considerados responsables del prolongado periodo de asfixia financiera que enfrentan desde hace años.