El próximo jueves, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, se encontrarán para llevar a cabo una Junta Local de Seguridad, un encuentro crucial en el que ambos líderes se enfrentarán en medio de un ambiente de acusaciones sobre racismo y problemas de seguridad en las calles. La controversia gira en torno al Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED), situado en el acuartelamiento Primo de Rivera de la localidad, y las tensiones han escalado tras un incidente alarmante ocurrido en junio.

La relación entre Martín y Piquet ha alcanzado un nivel de tensión sin precedentes desde que a finales de junio se registrara la violación de una joven de 21 años en las cercanías del centro. Este evento trajo consigo una serie de acusaciones mutuas, que culminaron en la reprobación formal del delegado en el Pleno del Ayuntamiento, con el respaldo del Partido Popular y Vox, poniendo en evidencia la fractura política entre las autoridades locales.

La alcaldesa Piquet se pronunció sobre el suceso, manifestando su preocupación por la inseguridad que, según ella, se ha intensificado debido a la sobrecarga del CAED. Aunque no identificó al presunto agresor como migrante, el delegado del Gobierno no dudó en calificar sus palabras como racistas, lo que ha alimentado aún más el debate.

La situación se complicó cuando la Policía Nacional detuvo poco después a un hombre de Malí que residía en el CAED, acusado de ser el autor de la agresión. En consecuencia, una jueza dictó su ingreso en prisión. En paralelo, el centro ha sido escenario de protestas no autorizadas que han desembocado en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden.

El descontento social se evidenció con varias detenciones durante estas manifestaciones, organizadas por colectivos como Núcleo Nacional, que abogan por el cierre del CAED. Ante esto, la Delegación del Gobierno tuvo que tomar medidas para evitar que la primera concentración tuviera lugar a las puertas del centro, evidenciando el clima de tensión creciente en la comunidad.

La tensión política ha ido en aumento, con la alcaldesa Piquet exigiendo al delegado garantías de seguridad, mientras que este le reprochaba a ella y a su partido que solo reaccionaran a esta agresión, vinculada a un migrante, y no a otras más de doce agresiones ocurridas recientemente en la ciudad, sugiriendo que esta postura formaba parte de una retórica racista.

El delegado ha hecho hincapié en los delitos de odio, considerando que los eventos recientes en Alcalá de Henares, así como situaciones similares en otras localidades, son resultado de una narrativa que demoniza a los inmigrantes. Sin embargo, señala que las cifras no respaldan la idea de que estos sean responsables de una mayor tasa de criminalidad en el área.

En medio de este clima de confrontación entre Martín y Piquet, el Pleno del Ayuntamiento votó esta semana para reprobar al delegado e instar al Gobierno central a cerrar el CAED. La propuesta de reprobación, impulsada por el Partido Popular con el apoyo de Vox, criticaba al delegado por no haber ofrecido explicaciones satisfactorias y por confrontar la situación desde lo que llamaron "cobardía institucional".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, también se ha pronunciado sobre el tema, subrayando que la relación del Gobierno regional con Martín es "meramente técnica" y que el delegado se "reprueba solo" debido a su falta de acción ante la crisis, asegurando que esa reprobación es constante en el ámbito regional.