La reciente decisión del Consistorio madrileño ha sido objeto de debate, eximiendo a los beneficiarios de la renta mínima de inserción y del ingreso mínimo vital de la nueva tasa de basuras que se aplicará a los inquilinos de viviendas sociales. Esta medida ha sido considerada controvertida, especialmente por parte de la formación política Más Madrid, que la ha calificado como una acción injusta que afectará a las familias más vulnerables de la ciudad.

La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) ha aclarado que, aunque la tasa no se mencione explícitamente en los contratos de alquiler, existe una obligación legal de cobrarla a aquellos inquilinos que reciben el servicio. Esta afirmación se basa en la Ley 7/2022, que detalla que los usuarios del servicio son responsables del pago de esta tasa, lo que ha suscitado críticas por la forma en que se está implementando.

El pasado 13 de febrero, la EMVS tomó la iniciativa de notificar a todos sus inquilinos, a través de correo electrónico y mensajes de texto, que debían solicitar las bonificaciones disponibles ante el Ayuntamiento, lo que ha permitido que muchos se beneficien de dichas reducciones. Entre estas, se encuentran la exención total del pago para los colectivos más desfavorecidos y bonificaciones para familias numerosas.

Para aliviar el impacto económico de esta nueva tasa, la EMVS ha decidido asumir inicialmente el costo, que luego se distribuirá en los recibos a lo largo del año. Esta estrategia busca mitigar la carga sobre los inquilinos afectados.

Desde el área de Vivienda, liderada por Álvaro González, se ha criticado lo que han denominado el "tasazo de Sánchez", un impuesto que se ha aplicado a todos los municipios sin consultarles previamente. González y su equipo han manifestado su firme oposición, tanto a la filosofía de este impuesto como a su implementación práctica.

El cálculo de esta tasa se ha llevado a cabo con criterios específicos para anticipar posibles disputas legales, considerando factores como el valor catastral de las propiedades y los residuos generados en cada área. Se espera que esta recaudación afecte a aproximadamente 1.7 millones de inmuebles, con una carga promedio de unos 140 euros por propiedad. La controversia sigue vigente, y la discusión sobre este impuesto no parece haber terminado.