Empresa gestora de residencia de Peñuelas multada con 45.500 euros por insuficiente número de enfermeras

La empresa Aralia, encargada de la gestión de la residencia concertada de Peñuelas en Arganzuela, ha sido multada por tercera vez este año debido a la falta de personal de enfermería. La sanción impuesta por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales asciende a 45.561 euros, elevando el importe global de las multas recibidas en 2023 a más de 95.500 euros. Estas sanciones se deben a diversos incumplimientos graves del contrato y de las ratios establecidas para el personal sanitario. Entre ellos se encuentran la falta de personal de enfermería, problemas relacionados con la administración de medicación a los residentes y la falta de comunicación sobre el fallecimiento de una mujer que murió ahogada con las sujeciones de su cama.

La nueva multa ha sido impuesta tras la denuncia de la familia de una residente de 93 años que estuvo más de una hora sin recibir atención sanitaria a pesar de tener dificultades para respirar. Fuentes de la Consejería han confirmado la sanción y han explicado que se debe a la falta de profesionales ocurrida en junio, debido a varias bajas que no pudieron ser cubiertas debido al déficit de enfermería en todo el país. La concesión del centro vence el próximo diciembre y Aralia es la única empresa que se ha presentado al nuevo concurso.

Según las autoridades, se ha licitado un nuevo contrato en el que Aralia se ha presentado con un aumento del 33% en la financiación y mejoras en personal y criterios de calidad. Aseguran que la Comunidad de Madrid no ha recortado el presupuesto, sino que se ha aumentado en más de 350.000 euros anuales para gastos corrientes y servicios, incluyendo la alimentación. Destacan que la partida destinada a la alimentación ha aumentado un 27,5% y la inversión en personal ha pasado de 2,6 millones a 4,4 millones en el nuevo contrato.

La residencia ya ha recibido dos sanciones anteriores este año, una de 25.000 euros por no comunicar a tiempo y de manera oficial la muerte de una usuaria y otra de 24.851,66 euros por errores en la administración de medicamentos. Además, el Defensor del Pueblo ha solicitado información sobre esta residencia a la Consejería, debido a las quejas de usuarios y trabajadores. También se ha pedido información sobre la demora en la convocatoria del contrato de gestión y si otras residencias públicas se ven afectadas por este problema. El Defensor del Pueblo ha mostrado interés por los resultados de las inspecciones realizadas en 2020 y 2023 y ha preguntado si se han corregido las deficiencias detectadas, las cuales han resultado en sanciones económicas.