El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tomado la decisión de archivar la querella presentada por el productor Nacho Cano contra la exjueza Inmaculada Iglesias. Esta acción legal cuestionaba la posible existencia de un delito de prevaricación relacionado con la investigación que Iglesias lideró acerca de supuestas irregularidades en el espectáculo "Malinche".

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados han argumentado que carecen de competencia para seguir adelante con este caso y han decidido archivarlo, dejando abierta la posibilidad de que la querella sea presentada ante el tribunal correspondiente en el futuro.

Uno de los factores clave en este fallo es que la exjueza ya no goza de la condición de aforada debido a su jubilación forzosa, un hecho que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de agosto.

La querella incluyó como prueba una grabación de la declaración de una subinspectora de trabajo, cuyo informe realizado el 27 de junio de 2024 se consideró crucial para el archivo del caso.

Cabe recordar que meses antes, la Audiencia Provincial de Madrid había acordado el archivo provisional del caso, ya que los magistrados consideraron que no había evidencia de que los ciudadanos mexicanos que llegaron a España para participar en el musical lo hicieran de manera clandestina.

Los magistrados del Tribunal argumentaron que no había suficientes indicios de la comisión de un delito que pudiera haber vulnerado los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, independientemente de su situación administrativa, lo cual podría caer en el ámbito de una investigación prospectiva que, según ellos, no es competencia del Juzgado.

La defensa de Cano alegó que el atestado policial que dio inicio a este proceso se fundamentaba en premisas incorrectas, como la "aplicación indebida de la legislación vigente" y la incorrecta consideración de los estudiantes como trabajadores ilegales.

Los abogados de Cano afirmaron que, a partir de estas premisas erróneas, se elaboró un atestado lleno de irregularidades, indicando que las acciones policiales fueron motivadas por la intención de detener a su cliente.

Se detalló que existen 17 denuncias por delitos como coacciones, amenazas y falsificación de documentos públicos relacionados con el caso. Argumentaron que las irregularidades en el atestado y en la actuación policial indican un grave delito contra la administración de justicia que debería ser investigado en conjunto, aunque la jueza había desestimado las inhibiciones planteadas.

La defensa sostuvo que enfrentar esta situación ha presentado serias dificultades para ejercer adecuadamente el derecho de defensa, tal como establece el artículo 24 de la Constitución Española. Esto se debe, no solo a la negativa reiterada de acceder a diligencias que consideran necesarias, sino también porque perciben una clara parcialidad por parte de la jueza en cuestión.