El Tribunal Constitucional (TC) se sumergirá en un análisis profundo para evaluar la legitimación de las comunidades autónomas al recurrir la Ley de Amnistía, un tema que impacta directamente en sus competencias.

MADRID, 16 Sep.

La iniciativa surge a raíz de los recursos presentados por 15 comunidades gobernadas por el Partido Popular y una liderada por el socialista Emiliano García-Page, en contra de la Ley de Amnistía. El objetivo es determinar si dichos territorios cuentan con la legitimidad necesaria para impugnar dicha normativa, según información adelantada por 'El País' y confirmada por fuentes del TC a Europa Press.

Un selecto grupo de letrados del Constitucional se encargará de llevar a cabo este estudio previo, que se enfocará en analizar la legitimación planteada en todos los recursos presentados por las comunidades, tomando como referencia el primero que fue interpuesto para resolver una problemática que concierne a las otras 15 impugnaciones relacionadas con la medida de gracia otorgada a los acusados en el proceso independentista catalán.

El recurso principal que se analizará es el presentado por Aragón, siendo esta la primera comunidad en impugnar la Ley de Amnistía. La magistrada Laura Díez será la encargada de llevar a cabo dicho proceso, siendo la primera en presentar al Pleno su propuesta sobre la admisión o rechazo de estos recursos.

Fuentes del TC han aclarado que la realización de este estudio no implica la suspensión de los recursos presentados por las comunidades, ya que actualmente se está trabajando en ellos. Sin embargo, argumentan que abordar de manera conjunta esta cuestión que afecta a todas las impugnaciones permitirá ahorrar tiempo en el análisis.

Además, expresan su compromiso de resolver los recursos autonómicos de manera cuidadosa y sin apuros, dado que se trata de asuntos complejos que requieren de un estudio detenido.

El plazo legal para que las comunidades autónomas presentaran acciones de inconstitucionalidad ante el TC finalizó el miércoles pasado, con un total de 16 recursos presentados en contra de la amnistía. Entre ellos se encuentra el procedimiento iniciado por Castilla-La Mancha, liderada por Emiliano García-Page, así como el resto de las 15 regiones gobernadas por el Partido Popular.