En un desarrollo significativo en el ámbito judicial, el Tribunal Supremo de España ha decidido convocar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que comparezca como imputado el próximo 29 de enero. Esta citación se da en el contexto de una investigación que indaga sobre una presunta filtración de información que afecta a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Asimismo, el instructor del caso ha programado una audiencia para el 30 de enero, donde se espera la declaración de Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, quien también se encuentra implicada en este asunto. En una maniobra adicional, se ha decidido incluir en el proceso a Diego Villafañe, el segundo al mando de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, quien deberá presentarse ante el tribunal el 5 de febrero.

Este acontecimiento pone de relieve la creciente atención mediática y política sobre las implicaciones y el manejo de la información en las altas esferas del poder estatal, especialmente en relación con la figura de Isabel Díaz Ayuso, que ha estado en el centro de múltiples controversias. La situación podría tener repercusiones importantes no solo para los implicados, sino también para la confianza del público en las instituciones fiscales y judiciales.