Recientes desarrollos en el Tribunal Supremo han sacado a la luz la controversia en torno a un supuesto ofrecimiento desde Moncloa al ex secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien ha sido llamado a declarar en relación con la investigación sobre delitos fiscales que involucran a Alberto González Amador, actual pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Este hecho ha llevado a la recolección de pruebas que incluyen el contenido del teléfono de Lobato.

Según revela Europa Press, el TS ha accedido al teléfono de Lobato con el objetivo de contrastar la información contenida en un acta notarial que recoge los mensajes donde Pilar Sánchez Acera, quien era asesora de Moncloa, supuestamente le ofreció un correo electrónico decisivo en la investigación que involucra a González Amador. El contenido de este correo implicaría un reconocimiento de culpa por parte de González Amador en relación a los delitos fiscales de los que se le acusa.

Las fuentes jurídicas indican que Lobato presentó voluntariamente su dispositivo móvil y el acta notarial al magistrado Ángel Hurtado, tras ser interrogado sobre la discrepancia entre los mensajes que se encontraban en su teléfono y el acta notarial en términos de su cronología. Este llamado se realizó en el contexto de una acusación popular que ha señalado inconsistencias significativas que requieren aclaración.

Lobato, quien compareció como testigo ante el instructor del caso, declaró durante aproximadamente hora y media. Su cita se produjo después de que el diario 'ABC' publicara informaciones que corroboran que Moncloa había filtrado un documento sensible que involucraba a la pareja de Ayuso, supuestamente con la intención de vincularlo con la oposición socialista.

En el mismo artículo de 'ABC', se afirmaba que Pilar Sánchez Acera había ofrecido a Lobato el correo que contenía la confesión de Alberto González Amador en el marco de unas negociaciones con el fiscal Julián Salto, quien estaba llevando su caso. Esto nos lleva a la reflexión sobre cómo las influencias políticas pueden jugar un papel en el tratamiento de la información judicial.

Para dejar constancia de los mensajes que había intercambiado con Sánchez Acera, Lobato acudió a un notario. En una rueda de prensa, él mismo destacó que su intención era asegurar la validez de la conversación, evitando así cualquier problema derivado de la posible pérdida de datos en su dispositivo móvil. Este procedimiento se lleva a cabo en un contexto donde la fiabilidad de la documentación puede ser crucial para la investigación en curso.

Además, Lobato dejó claro que su visita al notario fue una decisión personal, y no un asunto que consultara con su partido, señalando que la situación era estrictamente de carácter privado y no bajo la tutela de Ferraz o de otros líderes socialistas.

A pesar de que la supuesta filtración ocurrió en marzo, Lobato decidió hacer el registro notarizado meses después, concretamente cuando se inició la investigación relacionada con la supuesta revelación de secretos por parte del fiscal general, en octubre. Este hecho muestra cómo la decisión de asegurar la documentación puede estar influenciada por el avance de la investigación judicial.

La citación de Lobato marca un hito, ya que se convierte en la primera persona a la que el juez Hurtado interroga desde que se inició la causa contra el fiscal general y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, por su papel en la mencionada filtración. Este paso es significativo en el marco del proceso judicial que busca esclarecer posibles irregularidades.

Aunque Lobato no fue el primer foco de atención, su declaración es clave. Anteriormente, el juez autorizó registros en los despachos de altos cargos de la Fiscalía para profundizar en el caso, un movimiento que resalta la seriedad de las acusaciones y la búsqueda de responsabilidad en la posible filtración de información confidencial.

Por otro lado, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha recopilado información en relación al caso, aunque aún está pendiente presentar conclusiones sobre los registros en el despacho de la fiscal de Madrid. Los primeros informes ya indican que el fiscal general habría tenido un papel destacado en la divulgación de información sensible, algo que podría tener repercusiones importantes para su carrera y para la imagen de la institución.

Es relevante recordar que la controversia se origina a raíz de una nota de prensa emitida el 14 de marzo por la Fiscalía, que hizo referencia a correos electrónicos entre la defensa de González Amador y el fiscal Salto. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que no existía delito en esa situación, centrándose en cambio en la filtración de los correos a los medios de comunicación.

En su reciente informe, la UCO ha apuntado directamente a la Fiscalía General del Estado como la posible fuente de la filtración a la prensa sobre la denuncia contra González Amador por delitos fiscales, lo que no solo evidencia una grave irresponsabilidad institucional, sino también subraya la complejidad de las interacciones entre las diversas entidades estatales encargadas de la justicia y el papel de los medios en la difusión de información sensible.