La ciudad de Madrid avanza hacia una modernización en la gestión de licencias urbanísticas, según anunció recientemente Borja Carabante, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. La nueva plataforma digital, conocida como Plataforma Madrid-DBP, comenzará a operar en el primer trimestre de 2027, en un esfuerzo por simplificar y acelerar los procesos administrativos asociados a la construcción y urbanismo.

Con esta iniciativa, el Gobierno municipal busca transformar la forma en que se gestionan las solicitudes de licencias, permitiendo una automatización que promete hacer más eficientes los procedimientos. Carabante destacó que esta modernización no solo beneficiará a la administración pública, sino también a los ciudadanos, quienes disfrutarán de un trato más ágil y seguro con el Ayuntamiento.

La propuesta ha generado un debate en el ámbito político. Representantes de Más Madrid, como José Luis Nieto, han expresado sus preocupaciones sobre los posibles riesgos que implica esta digitalización. Según Nieto, existe el temor de que esta medida dé paso a una privatización encubierta en el proceso de tramitación urbanística, algo que ya se estaría produciendo a través de las entidades de colaboración urbanística.

Además, los críticos subrayan que la digitalización también puede crear obstáculos para aquellos ciudadanos y profesionales que carezcan de recursos técnicos suficientes para adaptar sus trámites a la nueva plataforma. Esta incertidumbre se acentúa al considerar el riesgo que podría implicar la generalización de declaraciones responsables, lo que podría resultar en un control municipal más laxo y un aumento en las irregularidades, como se ha evidenciado en los casos de demoliciones irregulares de patrimonio protegido.

Más Madrid advierte que los servicios técnicos del Ayuntamiento podrían perder su facultad de supervisión crítica, convirtiéndose en meros ejecutores de los trámites sin ejercer un control riguroso sobre los proyectos urbanísticos. Ante estas preocupaciones, Borja Carabante aseguró que el proyecto contempla medidas para abordar estos desafíos y garantizó su accesibilidad para todos los ciudadanos, destacando que habrá tiempo suficiente para discutir y desarrollar adecuadamente esta herramienta antes de su implementación.

El compromiso de Carabante es claro: no se dejará a nadie atrás en este proceso de modernización y se trabajará para mantener la calidad y la seguridad jurídica en la gestión urbanística de Madrid. Este planteamiento se sitúa en un horizonte de desarrollo a medio y largo plazo, con la intención de no solo agilizar la administración, sino también de salvaguardar la integridad del patrimonio urbano y la calidad de vida de sus habitantes.