En una reciente comunicación oficial, la Delegación del Gobierno en Madrid ha respondido a las acusaciones provenientes de la Comunidad de Madrid, que cuestionan la efectividad en la atención a los menores migrantes no acompañados. La institución ha afirmado que los procedimientos de repatriación están progresando adecuadamente, de acuerdo con los plazos y protocolos establecidos por la legislación vigente.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, dirigió una carta a la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en la que aborda directamente las críticas del Ejecutivo regional, que sostiene que no se han tomado medidas respecto a los casos de estos menores.

En esta carta, Martín también destacó el continuo flujo de propuestas de repatriación que ha sido enviado por la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, indicando que las primeras iniciativas se presentaron a finales de marzo y que las más recientes se produjeron hace poco más de un mes, según fuentes de la Delegación.

El delegado subrayó que la labor de su departamento sigue estrictamente los lineamientos establecidos por el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, que no impone una cronología específica para la solicitud de informes, siempre respetando el interés superior del menor como principio fundamental.

Martín enfatizó que no se puede hablar de una paralización de los procesos de repatriación ni de inacción por parte del Gobierno, sino que se están llevando a cabo de acuerdo con los preceptos de la mencionada ley.

En su misiva, el delegado hizo hincapié en que todas las acciones se están realizando de conformidad con los reglamentos existentes, los cuales exigen un conjunto de trámites antes de tomar decisiones formales sobre los expedientes. Instó al Gobierno regional a desempeñar sus propias competencias en lugar de señalar carencias y a prestar una atención más efectiva a los menores en cuestión.

Sobre el procedimiento administrativo, Martín aclaró que la documentación pertinente de los menores está bajo la custodia de la Brigada de Extranjería y Fronteras, y subrayó que toda la información solicitada será proporcionada durante la fase de alegaciones, tal como estipula la Ley Orgánica 4/2000.

Finalmente, el delegado enfatizó que esta fase se llevará a cabo una vez se solicite un informe a las representaciones diplomáticas adecuadas, mediante la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, tal como indican los procedimientos establecidos.