Crónica Madrid.

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El Gobierno de Ayuso aplaude la advertencia de la UE sobre la amnistía: “Es corrupción estatal”.

El Gobierno de Ayuso aplaude la advertencia de la UE sobre la amnistía: “Es corrupción estatal”.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado su preocupación por lo que considera una estrategia del PSOE para desviar la atención de su presunta financiación ilegal. Según García Martín, el actual gobierno busca encubrir este asunto con las negociaciones sobre la singularidad de Cataluña, lo que a su juicio es una maniobra política para desviar el foco de las críticas.

En una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del ejecutivo autonómico destacó la reciente alerta emitida por la Unión Europea respecto a la amnistía en España, catalogada como una forma de “corrupción de Estado”. Afirmó que la Comisión Europea advirtió al Tribunal de Justicia de la Unión que esta amnistía, concedida a aquellos que intentaron realizar un golpe de Estado en Cataluña, no responde a los intereses generales de la nación.

García Martín subrayó la gravedad de la situación, indicando que el proyecto de ley se asemeja a una autoamnistía diseñada por quienes quebrantaron la ley y que, además, ha generado una profunda fractura en la sociedad española. “La peor corrupción de Estado es aquella que intenta comprar voluntades, ofreciendo resarcimientos a aquellos que actuaron al margen de la legalidad”, afirmó con contundencia.

En otro orden de ideas, el consejero también dirigió duras críticas hacia el PSOE, acusándolo de intentar ocultar el debate sobre su supuesta financiación irregular bajo el paraguas de la negociación con Cataluña. Según él, este llamado “cuponazo de Sánchez” se traducirá en un aumento de impuestos para los ciudadanos españoles, un giro que muchos consideran inaceptable en tiempos de crisis.

Al hablar sobre la financiación específica para Cataluña, García Martín la calificó de "ilegal e inconstitucional", argumentando que viola la Constitución al desterrar la competencia exclusiva del Estado sobre el régimen económico de la Seguridad Social. En su opinión, esto pone en peligro la igualdad de acceso a las prestaciones para todos los españoles, independientemente de su lugar de residencia.