La manifestación inicialmente programada para el 28 de abril tuvo que ser suspendida por un apagón eléctrico que afectó a gran parte del país, pero finalmente se llevó a cabo el pasado jueves en el corazón de Madrid.

En esta ocasión, un grupo de aproximadamente 3.000 docentes y estudiantes, comprendiendo todos los niveles educativos desde Infantil hasta Universidad, se unieron en una colorida protesta a favor de la educación pública. La movilización reflejó la voz de quienes demandan ratios de alumnos más reducidas, así como una mayor financiación y autonomía para las instituciones educativas.

El lema central de la marcha fue "Salvemos la educación pública", el cual se hizo evidente en una pancarta que lideraba el recorrido. Este evento, que reunió a diferentes colectivos, sindicatos y plataformas, incluyó un amplio espectro de representación educativa, visible a través de camisetas verdes y carteles que denunciaban los recortes presupuestarios en el sector. También hubo una presencia notable de ciudadanos vestidos de amarillo para resaltar la importancia de la educación en las primeras etapas.

Los cánticos resonaban en las calles: "Ayuso, escucha, la pública está en lucha" y "Faltan 'profes', sobran recortes", evidenciando la frustración acumulada por años de ajustes económicos en el sector educativo. La marcha comenzó a las 18:00 horas en Atocha, finalizando en la emblemática Puerta del Sol, y contó con la participación de representantes de partidos políticos de izquierda, incluyendo PSOE-M, Sumar, Más Madrid y Podemos.

Esta fue la segunda jornada de protestas en la que se aglutinan todos los niveles educativos, tras la manifestación del 23 de febrero, donde se reportó una asistencia de hasta 100.000 personas, aunque las autoridades solo contabilizaron 25.000.

La preocupación en el ámbito universitario es palpable, ya que llevan meses denunciando una "asfixia económica" que, según temen, podría intensificarse con la aprobación de la nueva ley regional de universidades. Los rectores de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han alertado de que "la universidad pública está en riesgo" y abogan por un sistema de financiación que no comprometa su autonomía, como se destacó recientemente en un desayuno informativo.

La rectora en funciones de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, enfatizó que es vital establecer un modelo presupuestario que responda a las demandas sociales sin sacrificar la independencia de las universidades. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, también intervino, advirtiendo sobre los riesgos de la financiación vinculada a intereses particulares y la necesidad de revaluar el concepto de “rentabilidad” en el ámbito educativo.

Las plataformas de las universidades de la región han expuesto un decálogo que detalla las razones de su descontento, apuntando a una reducción crítica en la financiación por parte del gobierno regional, lo que se traduce en un modelo universitario más similar al empresarial y un control excesivo sobre la autonomía educativa.

Por otro lado, la plataforma UCM por la Pública ha subrayado la importancia de que la comunidad universitaria se una para exigir que la universidad pública reciba el financiamiento que merece, advirtiendo que lo contrario podría llevar a su deterioro irreversible.

Mientras tanto, la Consejería de Educación alega estar en un proceso de diálogo con los rectores, insistiendo en que el borrador de la nueva ley no es definitivo y que están trabajando para abordar las preocupaciones planteadas por los mismos. Sin embargo, el consejero ha defendido el nivel de inversión en educación superior, afirmando que pocas comunidades en el mundo logran un 4% del presupuesto destinado a universidades como lo hace Madrid.

La agrupación Menos Lectivas, que agrupa a más de 200 asambleas de centros educativos en la Comunidad de Madrid, ha exigido que se reconsideren los recientes acuerdos alcanzados por los sindicatos y la Consejería, argumentando que los pactos son insuficientes para abordar los problemas estructurales de la educación pública en la región.

Entre sus demandas están la reducción del número de alumnos por clase, una disminución en las horas lectivas para alinearse con otras comunidades, y el mejoramiento de las infraestructuras educativas, así como una atención más efectiva a la diversidad educativa.