En un duro golpe contra el fraude financiero, la Policía Nacional ha llevado a cabo una operación en A Coruña y Madrid que ha dado por desmantelado un complejo esquema empresarial que, según las autoridades, estafó a pequeños inversores por un total de 7,7 millones de euros.

La investigación, que resultó en la detención de seis individuos, reveló que estos operaban un sistema de captación de fondos basado en prácticas engañosas de micromecenazgo, a través de ofertas relacionadas con restaurantes y propiedades de alquiler turístico. Este tipo de actividad ha suscitado un creciente interés entre los inversores, pero la realidad ha demostrado ser muy diferente.

Hasta ahora, se han identificado 63 afectados, aunque se estima que el número total de víctimas podría acercarse a 800. Además, se ha demostrado que el esquema también defraudó más de un millón de euros a la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que agrega un nuevo nivel de gravedad a esta situación.

La investigación se inició en 2024, cuando la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) comenzó a recibir denuncias de personas que afirmaban haber sido víctimas de un fraude relacionado con el crowdfunding. Las prácticas descubiertas han dejado al descubierto la vulnerabilidad de muchos pequeños inversores que, buscando oportunidades de crecimiento, fueron llevados a caer en este ardid.

De acuerdo con los informes, los estafadores utilizaban las redes sociales y el boceto de sus propios establecimientos para atraer a potenciales inversores, prometiendo retornos extraordinarios por su participación en nuevos proyectos. Sin embargo, las ganancias prometidas casi nunca se concretaban, lo que llevó a las víctimas a recibir constantes explicaciones evasivas y a ser redirigidas hacia otros proyectos fallidos.

Además, las pesquisas revelaron que el dinero recaudado rara vez se destinaba a las inversiones prometidas, mientras que muchos de estos proyectos se abandonaban rápidamente bajo la excusa de fracasos inesperados. Para complicar aún más las cosas, los investigadores localizaron una red de más de 40 cuentas bancarias, utilizadas para mover fondos y dificultar el seguimiento de los mismos, que terminaban desviándose hacia gastos personales del principal señalado.

Las cifras reflejan la magnitud de la estafa: desde 2022 hasta 2024, el daño infligido a los inversores asciende a 7,7 millones de euros, mientras que el fraude a la Seguridad Social es de 1.011.612 euros, realizado a través de testaferros y la falta de cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales.

La culminación de esta investigación se materializó en un operativo coordinado en A Coruña y Madrid, donde se detuvo a tres individuos en cada ciudad. Durante la acción, se llevaron a cabo tres registros en la ciudad gallega, obteniendo documentos clave para el caso, así como dispositivos electrónicos y un vehículo. También se han bloqueado doce cuentas bancarias y un inmueble que, junto a otras propiedades, se estima que tiene un valor de 60.000 euros.