En un operativo sin precedentes, la Policía Nacional ha desmantelado tres redes criminales que operaban en Madrid, dedicándose a actividades ilícitas como la explotación sexual, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Como resultado de estas acciones, 37 individuos han sido arrestados.

Las investigaciones revelaron que las víctimas eran sometidas a condiciones de trabajo extremas, laborando 24 horas al día sin pausas y recibiendo sanciones severas si no cumplían con los rigores impuestos. Un aspecto inquietante de uno de los grupos era el uso de empresas fantasmas para legalizar las ganancias derivadas de estos crímenes.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo seis registros en diversos domicilios, incautando más de 50.000 euros, estupefacientes, dispositivos electrónicos y hasta dos pistolas eléctricas, lo que evidencia la seriedad de las actividades delictivas que llevaban a cabo.

La trama delictiva fue investigada desde agosto, cuando los agentes detectaron dos viviendas en el distrito de Barajas que estaban bajo el control de los explotadores. Allí, se constató que las mujeres estaban obligadas a trabajar jornadas maratonianas, con escasas oportunidades de descanso. Aunque prometían un reparto de beneficios del 50%, las condiciones eran abusivas, obligándolas a firmar contratos de arrendamiento que limitaban aún más su libertad.

Además de la explotación sexual, las víctimas debían también servir drogas a los clientes, llevándolas incluso durante las citas a domicilio, equipadas con un "kit de servicio" que incluía cocaína, datáfonos y otros elementos. El consumo de estas sustancias también era impuesto, dejando a las víctimas completamente a merced de sus explotadores, quienes obtuvieron, en 2024, más de tres millones de euros de esta actividad delictiva.

Las organizaciones operaban tras la fachada de seis empresas inactivas, utilizadas estratégicamente para lavar el dinero obtenido por la venta de drogas y la explotación sexual, con el líder del grupo a la cabeza y sus hijos y colaboradores como parte del personal.

El operativo permitió la congelación de más de 50 cuentas bancarias cuyo origen estaba vinculado a estas empresas ficticias. Además, se desarrollaron investigaciones adicionales en los distritos de San Blas, Tetuán y Carabanchel, donde también había viviendas bajo sospecha.

Los explotadores aprovechaban la vulnerabilidad de las mujeres, imponiendo condiciones que comprometían su salud y bienestar. Algunas eran forzadas a trabajar entre 15 y 22 días ininterrumpidos, con un límite de apenas tres horas de descanso durante los fines de semana, incluso durante su menstruación, utilizando métodos desesperados para ocultar cualquier síntoma.

Las sanciones por incumplimiento eran exorbitantes, alcanzando hasta 300 euros, además de restricciones sobre su libertad de movimiento. En el transcurso de una semana, los agentes realizaron múltiples intervenciones en los hogares de los delincuentes, confiscando herramientas informáticas, documentos financieros, substancias ilegales y varios teléfonos móviles.

De estos registros, resultaron liberadas 14 víctimas de la explotación sexual, mientras que 37 sospechosos fueron detenidos, enfrentando cargos que incluyen pertenencia a una organización criminal y blanqueo de capitales. Estos individuos ya se encuentran a disposición de la justicia.

La Policía Nacional subraya la urgencia de dar voz a las víctimas de tales crímenes y alienta a cualquier persona que conozca o viva en esa situación a informar a las autoridades a través del servicio telefónico 900 10 50 90, el correo electrónico [email protected], o mediante los tradicionales números de emergencias y dependencias policiales.