Datos revelan más de 3.500 apartamentos turísticos ilegales en Madrid, entregados al ayuntamiento para su control.

En Madrid, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha hecho entrega recientemente de un archivo digital al Ayuntamiento, donde se enumeran las localizaciones de 3.565 propiedades que operan como pisos turísticos sin la debida licencia en la capital española.
Esta información fue recopilada por la Unidad de Análisis de Consumo. En marzo, ya se había alertado al alcalde Martínez Almeida sobre la existencia de más de 15.000 alojamientos turísticos ilegales en la ciudad, cifra que ha sido confirmada por el propio Ministerio dirigido por Pablo Bustinduy.
En esa ocasión, Consumo había revelado que se contabilizaban un total de 15.204 alojamientos que operaban sin la licencia correspondiente, una cifra renovada dado que los registros oficiales del Ayuntamiento solo reconocen 1.131 permisos válidos para este tipo de actividad comercial.
Según los datos proporcionados por el Ministerio, se registraron 16.335 pisos turísticos, lo que resalta una discrepancia significativa con las estadísticas del Ayuntamiento. En una comunicación anterior, Consumo había compartido las direcciones de 1.218 de estos alojamientos irregulares.
Ahora, el ministerio ha incluido información sobre otros 2.347 alojamientos ilegales, sumando un total de 3.565 propiedades que requieren intervención por parte de la autoridad municipal. Esta situación exige que el Ayuntamiento actúe con rapidez, clausurando estos alojamientos y, si es necesario, iniciando procedimientos sancionadores conforme a sus capacidades.
La existencia de estos pisos ilegales es una violación clara de la normativa urbanística vigente en la ciudad, lo que confiere al Ayuntamiento la responsabilidad de inspeccionarlos y cerrarlos. Cada uno de estos alojamientos está asociado a su anuncio en plataformas de alquiler, lo que indica que están en funcionamiento.
El archivo, enviado por la Secretaría General de Consumo y Juego, incluye una carta firmada por el ministro Pablo Bustinduy. En ella, se destaca que el propósito de esta acción es facilitar las labores de inspección y sanción del Ayuntamiento y contribuir a la recuperación de vivienda para uso residencial.
El ministro también manifiesta en su misiva que el Ministerio está interesado en colaborar con las administraciones locales ante el creciente problema que enfrenta Madrid, donde persisten más de 15.000 viviendas turísticas ilegales. Se hace hincapié en que la nueva información puede ser muy valiosa para afrontar esta problemática de manera eficaz.
A través de estas acciones, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 busca combatir la expansión de los pisos turísticos ilegales y abordar la crisis de vivienda en España. Entre estas medidas se encuentra la eliminación por parte de Booking de más de 4.000 anuncios ilegales, así como el bloqueo de más de 65.000 anuncios en Airbnb, una medida que ha sido respaldada recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Asimismo, el Ministerio ha abierto un expediente sancionador a una plataforma de alquiler por no cumplir con la normativa de publicidad, así como a grandes gestoras y dos agencias inmobiliarias por prácticas que podrían ser consideradas engañosas o abusivas en el mercado de alquiler.
Consumo insta al Ayuntamiento de Madrid a mostrar determinación política y adoptar medidas firmes, siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Barcelona, que bajo el liderazgo de Ada Colau logró clausurar 7.000 pisos turísticos ilegales y recuperar 3.000 para el mercado de vivienda habitual.
Desde el Ministerio se reitera que están dispuestos a colaborar con todas las administraciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y facilitar el ejercicio del derecho a la vivienda para todos los ciudadanos españoles.
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