El 13 de mayo en Madrid, se ha dado un paso importante en el ámbito legal tras la decisión del juzgado de primera instancia número 91, que ha aceptado una demanda de conciliación presentada por la Comunidad de Madrid. Esta acción legal está dirigida contra Reyes Maroto, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, quien realizó declaraciones controversiales acusando a las autoridades de haber "asesinado" a personas mayores en residencias durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia.

Como parte de este proceso, el juzgado ha programado una cita para el 10 de junio, tras la presentación de la demanda de conciliación el pasado 19 de marzo. Este procedimiento se considera un paso inicial antes de que el Gobierno regional considere presentar una querella formal si Maroto no se retracta de sus afirmaciones.

El objetivo del Gobierno de la Comunidad de Madrid al tomar esta acción es claro: proteger y defender a los profesionales de la salud y del sector social que, en un momento tan crítico, trabajaron incansablemente para salvar vidas durante la pandemia. Se pretende dar un mensaje de apoyo y reconocimiento a aquellos que se dedicaron a combatir la crisis sanitaria a nivel mundial.

El portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha manifestado que las afirmaciones de Maroto van más allá de lo aceptable en el discurso político. Según él, estas acusaciones han cruzado "las líneas rojas de la decencia política", lo que justifica la respuesta legal del Gobierno.

García Martín también advirtió que cualquier acusación que implique a los profesionales de la salud, a la administración regional o a su presidenta, será respondida en los tribunales. Este enfoque resalta la determinación del Ejecutivo de no permitir lo que consideran ataques infundados a quienes han estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia.