En una reciente sesión del Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular (PP) y los grupos de izquierda han unido fuerzas para instar a la corporación municipal a promover la igualdad de trato y la no discriminación, dejando de lado la reprobación a la edil de Vox, Carla Toscano, por sus polémicas declaraciones sobre la comunidad LGTBI.

Durante el Pleno celebrado el martes en Cibeles, el PSOE presentó una moción que proponía tres acciones: reprimir a Toscano, alentar la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y pedir al presidente del Pleno que hiciera cumplir el Reglamento Orgánico para evitar discursos de odio. El PP únicamente respaldó la parte que defendía la igualdad de trato.

Las palabras de Toscano, en el sentido de que el "adoctrinamiento LGTBI a los menores es una forma de corrupción y puede llevar a la pederastia", fueron el núcleo de la iniciativa socialista defendida por Antonio Giraldo. Este último hizo hincapié en el impacto negativo que dichas afirmaciones pueden tener en niños y jóvenes que ya sufren acoso. Giraldo calificó sus declaraciones de "nauseabundas" y de contribuir a un clima de odio.

El concejal también reprochó al presidente del Pleno, Borja Fanjul, su inacción ante los comentarios de Toscano, subrayando que no se estaba atacando a personas individuales, sino a todo un colectivo. Giraldo clamó por una votación que defendiera a los vulnerables, quienes "no pueden alzar la voz por sí mismos".

El delegado de Políticas Sociales, José Fernández, respaldó la postura del PP, afirmando que siempre estarán a favor de los derechos humanos, pero criticó al PSOE por abordar la cuestión de manera tardía. Fernández insistió en que la condena a las palabras de Toscano provino de su administración y que querían aclarar la diferencia entre libertad de expresión y actitudes violentas.

Eduardo Rubiño, de Más Madrid, opinó que reprimir a Toscano sería insuficiente, ya que ella representa una estrategia más amplia que intenta establecer la crueldad como base política. Comparó sus comentarios con las declaraciones de figuras como Donald Trump o Javier Milei, y subrayó que la corrección política es aceptable cuando se trata de oponerse a abusos de poder, pero se vuelve deshonesta cuando se usa contra los más vulnerables.

Toscano, al tomar la palabra, descalificó la autoridad del Pleno y acusó a otros grupos políticos de convertir a España en una "dictadura moral". Se presentó a sí misma como defensora de la verdad, argumentando que la izquierda estaba "sexualizando" a los niños y utilizando a personas LGTBI para sus propios fines políticos.

En la misma sesión, Vox había propuesto una moción para garantizar el "derecho fundamental" a la libertad de expresión en las actividades municipales, la cual fue rechazada. El presidente del Pleno destacó que dicha libertad ya se respetaba, siempre y cuando no infringiera el Reglamento Orgánico o el Código Penal.

Toscano se mostró crítica con los avances en ciertos discursos e ideologías que, a su juicio, han sido impuestos por los "pseudo-intelectuales" de la izquierda, quienes han creado una especie de "religión" en torno a los temas de género. Consideró que la izquierda, incluida la PP, ha absorbido estos conceptos como parte de su ideología, lo que ella considera un acto totalitario.

El representante socialista, Enrique Rico, le respondió que la libertad de expresión tiene sus límites, siendo uno de ellos el respeto a los derechos fundamentales. Afirmó que Vox y Toscano están atravesando fronteras éticas y morales a través de lo que él denominó "discursos de odio".

Rubiño coincidió en que Toscano ha crecido a raíz de ese discurso de odio y advirtió que su comportamiento no podría escapar de las críticas. Recalcó que si actúan como fascistas, serán llamados así en el ejercicio de la libertad de expresión.