En una reciente declaración que ha generado controversia, Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, ha expresado su descontento ante la decisión de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, de excusarse de declarar en la Asamblea de Madrid. García calificó esta acción como un acto de "rebeldía" que falta al respeto hacia todos los ciudadanos madrileños en el marco de la actividad parlamentaria.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el dirigente regional no escatimó en críticas hacia Gómez, lamentando que desaprovechara una "oportunidad de oro" para aclarar lo que consideró serias sospechas sobre el uso indebido de recursos de una universidad pública en su beneficio personal. García aludió particularmente a la falta de justificación sobre su capacidad para dirigir una cátedra extraordinaria y sobre el posible enriquecimiento derivado de la adquisición de un software cuyo paradero actual es incierto.

El consejero también sugirió que esta falta de declaración podría ocultar otros problemas más serios, al plantear la existencia de "negocios fraudulentos" en el recinto universitario, que podrían haber facilitado contratos dudosos a cambio de ciertas prebendas en el Palacio de La Moncloa o con la Administración General del Estado, presidida por su esposo, Pedro Sánchez.

"Hoy, Begoña Gómez tuvo una oportunidad dorada para defenderse y ha decidido no hacerlo", afirmó García, apuntando además que su esposo, el presidente, podría estar detrás de la organización de viajes que facilitan estas huidas. Reiteró su desdén por la decisión de Gómez de no comparecer, señalando que no solo ha eludido su responsabilidad ante la Asamblea, sino que también parece evitar declarar ante los tribunales que la han convocado para la próxima semana.

Finalmente, García subrayó que es imperativo que Gómez entienda que "más pronto que tarde" tendrá que rendir cuentas ante la justicia por los presuntos delitos que se le imputan. El consejero hizo hincapié en que la situación debe ser tomada en serio, afirmando que el Estado de derecho exige que cualquier ciudadano, incluyendo a Begoña Gómez, se presente ante los órganos judiciales cuando se le reclama.