El Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, ha decidido impugnar la recién aprobada Ley de Amnistía en su totalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) con el objetivo de proteger la igualdad de todos los españoles, la seguridad jurídica y la separación de poderes.

En una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno en Torrejón de Ardoz, se acordó presentar el recurso ante el TC tras la entrada en vigor de la ley ayer, según informó la presidenta regional en una rueda de prensa. El plazo para presentar el recurso es de tres meses.

Ayuso ha calificado a esta ley como "la más corrupta de la democracia", afirmando que es una norma redactada bajo la influencia de quienes promovieron una de las peores crisis en la convivencia democrática del país, abriendo paso a eventos futuros como un referéndum.

La presidenta madrileña considera que la amnistía es una vergüenza para cualquier Estado de Derecho, generando un daño irreparable al nombre de España y a la democracia del país. Destacó que esta normativa carece del respaldo de los socios internacionales y de los mercados.

El Gobierno autonómico solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, recibiendo un dictamen que apoya la impugnación de esta ley por considerarla inconstitucional.

La Comunidad de Madrid argumenta que la Ley de Amnistía socava los principios básicos de la Constitución española y crea privilegios para los dirigentes de una comunidad autónoma, violando el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna.

Además, el Gobierno regional sostiene que esta normativa representa una intromisión en la separación de poderes al permitir que el Legislativo invada las funciones del Judicial, que es el único órgano constitucionalmente autorizado para juzgar y ejecutar sentencias.

Desde el Ejecutivo madrileño se critica al Gobierno central por aprobar la Ley de Amnistía sin considerar los informes emitidos por el Consejo General del Poder Judicial, las principales asociaciones de jueces y fiscales, así como los letrados de las cámaras legislativas.