La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado su firme rechazo a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en relación al pacto de vivienda, calificándola de "injerencia inaceptable". Ayuso sostiene que el plan es "improvisado" y carece de un presupuesto claro, lo que contrasta con el principio de que el Estado debe aportar cada vez menos mientras las Comunidades Autónomas asumen más responsabilidades.

La iniciativa presentada por Sánchez busca establecer un acuerdo que intensifique la inversión pública en vivienda y garantice condiciones permanentes para las viviendas de protección pública. No obstante, Ayuso ha señalado que esta propuesta se ha comunicado a los presidentes autonómicos con muy poca antelación, lo que impide un debate adecuado antes de la Conferencia de Presidentes que se llevará a cabo en Barcelona.

En su carta de contestación, la presidenta madrileña critica la falta de planificación y el incumplimiento de las competencias reconocidas por la Constitución, las cuales normalmente corresponden a las autonomías. Ayuso afirma que la propuesta trata de imponer condiciones y medidas uniformes que interfieren en la libre actuación de cada región, subrayando que la responsabilidad en materia de vivienda recae exclusivamente en las comunidades autónomas.

Además, Ayuso asegura que para abordar seriamente los asuntos relacionados con la vivienda, el Gobierno central debería derogar la actual Ley de Vivienda, la cual considera intervencionista y fallida. Esta normativa, según su perspectiva, ha fracasado en su objetivo de facilitar el acceso a la vivienda y ha tenido efectos adversos en el mercado, como el aumento de precios y la disminución de la oferta de alquiler.

En su análisis sobre la propuesta de pacto, la presidenta destaca que se pretende triplicar la inversión en vivienda sin especificar de dónde provendrán esos fondos ni los criterios que regirán su distribución. Ayuso recuerda que, sin un presupuesto aprobado, el compromiso planteado es vacío y carece de respaldo tangible.

Igualmente, critica que el Gobierno ha dejado sin ejecutar más del 60% de las partidas asignadas para políticas de vivienda, lo que pone en tela de juicio la veracidad de las promesas actuales comparadas con los anuncios previos de construir miles de viviendas. Agrega que esta situación condicionaría la capacidad del Gobierno regional para implementar sus programas de vivienda, a pesar de que Madrid lidera la construcción de este tipo de residencias en España.

Sobre el blindaje indefinido de las viviendas de protección pública, Ayuso se opone a que este se extienda a las promovidas de manera privada que no reciben ayuda pública, argumentando que esto podría perjudicar tanto a los promotores como a las familias, afectando el valor de sus viviendas a lo largo del tiempo.

La presidenta defiende que su Gobierno ha estado trabajando para facilitar el acceso a la vivienda, alentando también la colaboración con promotores privados. Sostiene que un enfoque opuesto perpetuaría una dependencia excesiva de las Administraciones públicas, lo que no es el objetivo que debería perseguir el Gobierno central.

Respecto a la intervención en el mercado inmobiliario bajo el pretexto de combatir un "monopolio", Ayuso considera que esta es una maniobra alarmante que busca ejercer control sobre el sector. En su opinión, se debe permitir que los portales privados operen sin ser utilizados como excusa para manipular información o imponer criterios ideológicos.

Finalmente, la presidenta reafirma el compromiso de la Comunidad de Madrid con un modelo de gestión que prioriza la libertad, la seguridad jurídica y la confianza en quienes crean empleo y construyen viviendas, argumentando que esto es lo más beneficioso para la región y sus ciudadanos.