En el día de ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, y los rectores de las universidades públicas madrileñas durante su viaje institucional a Miami, Estados Unidos. El propósito de esta reunión fue recolectar sus opiniones y recomendaciones para la creación de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencias (LESUC).

Esta novedosa legislación tiene como propósito integrar todas las ramas de la educación superior en España, comprendiendo universidades, investigación científica, formación profesional superior, enseñanzas artísticas y deportivas, así como escuelas de negocios. El objetivo es establecer un vínculo más sólido entre la educación y el mercado laboral, además de promover la educación continua y el reciclaje profesional, tal como informó el Gobierno regional en un comunicado este domingo.

El viaje de la presidenta a Miami tiene como meta captar inversión y consolidar a Madrid como el epicentro global de la enseñanza en español. Este enfoque internacional refleja la ambición de la Comunidad de Madrid por atraer talento y recursos que fortalezcan el sistema educativo.

Desde hace casi un año, el Gobierno regional se ha dedicado a la elaboración de esta nueva normativa para las universidades, que ya ha revelado algunas de las medidas contenidas en los borradores preliminares. Hasta ahora, el diálogo ha estado centrado en consultas con los rectores de las universidades afectadas.

Uno de los desafíos más críticos que se debe abordar con esta nueva ley es la financiación de las universidades públicas, que han denunciado, en varias ocasiones, una situación de “asfixia económica”.

El borrador de la ley presenta un modelo de financiación estructurado en tres componentes: una parte básica destinada a personal e inversiones, otra que responde a necesidades específicas como infraestructura, y una tercera vinculada a objetivos de rendimiento. Además, se estipula que las universidades deben obtener al menos un 30% de su financiación de fuentes distintas a las transferencias de la Comunidad de Madrid.

El borrador menciona que en base a los objetivos fijados, las instituciones públicas podrían constituir "fondos de inversión u otros mecanismos financieros" para generar recursos que respalden sus actividades educativas.

Sin embargo, esta propuesta ha suscitado una fuerte oposición entre los sindicatos y la comunidad universitaria, quienes han llevado a cabo diversas protestas en los últimos meses, siendo la más reciente el pasado 22 de mayo. Consideran que esta normativa atenta contra la autonomía de las universidades, promueve un modelo privatizador y perpetúa la infraprofundación del sistema educativo.