Este martes, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un protocolo para la reubicación de aproximadamente 4.000 menores migrantes no acompañados, principalmente en las Islas Canarias. Sin embargo, esta decisión ha generado una serie de críticas y preocupaciones desde varias comunidades autónomas.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha alertado sobre las serias irregularidades que, según los servicios jurídicos de 11 comunidades autónomas, acompañan este proceso. Se han denunciado problemas relacionados con la invasión de competencias, lo que pone en duda la legalidad del reparto de los menores migrantes, cuyo traslado está previsto para iniciar el próximo 28 de agosto.

En una rueda de prensa, Dávila ha subrayado que la aprobación del protocolo por parte del Consejo de Ministros representa “un avance en un decreto que ya de por sí es cuestionable”. La consejera, que ha mantenido una postura firme en contra de este reparto, anunció que recurrirán a la justicia en función de las decisiones que tome el Gobierno en las próximas semanas.

La consejera no ha dudado en calificar estas acciones como estrategias del Ejecutivo de Pedro Sánchez para sostenerse en el poder. Al respecto, se ha mostrado particularmente crítica con el hecho de que Cataluña y el País Vasco han quedado excluidos del reparto, a pesar de que la comunidad catalana se ha ofrecido a acoger a 31 menores, mientras que Madrid asumirá la responsabilidad de 647.

Además, Dávila ha abordado el tema del alojamiento de menores en un centro del Ministerio en Pozuelo de Alarcón, reiterando la necesidad de establecer una coordinación más efectiva entre administraciones para evitar "repartos disimulados" que impliquen deslealtad institucional.