En un contundente discurso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este lunes que el actual Gobierno está intentando socavar las bases del sistema judicial español con la intención de establecer lo que ella denomina una "justicia popular bolivariana". Durante su intervención, Ayuso ha elogiado el creciente compromiso de abogados y juristas que han decidido alzar la voz contra lo que consideran ataques a la independencia judicial y otros órganos esenciales como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial.

La dirigente madrileña ha criticado que aquellos que apoyan a los okupas son los mismos que durante años han manifestado su descontento rodeando instituciones democráticas, ocupando espacios públicos y tratando de manipular la gestión de empresas estatales. Estos individuos, según Ayuso, buscan obtener control sobre el proceso de selección de altos funcionarios, lo que podría comprometer la calidad y la independencia de las instituciones, en favor de lealtades políticas.

Ayuso ha subrayado que las intenciones detrás de estas acciones van más allá de meras reformas y representan un ataque directo a los principios de mérito y capacidad que deben regir en las oposiciones al servicio público, especialmente en las que corresponden a jueces y fiscales. La presidenta advierte que esto podría resultar en un "desmantelamiento" de uno de los logros más significativos en la historia reciente de España: el mantenimiento de un sistema judicial independiente y fiable.

Además, ha apuntado que este esfuerzo por deslegitimar el sistema judicial podría abrir la puerta a una justicia totalmente politizada, transformando así la democracia en una herramienta al servicio de intereses particulares. "Sin el respeto a la ley, no hay democracia", ha remarcado Ayuso, alertando sobre las graves implicaciones que esta situación podría acarrear para el bienestar general de los ciudadanos.

Díaz Ayuso ha lamentado que el Gobierno central ignore directrices de la Unión Europea en materia judicial, agravando la crisis de acceso a la justicia y la autonomía del poder judicial en España. Asegura que cada día que pasa sin una respuesta adecuada pone en riesgo la estabilidad del Estado de Derecho y la economía del país, haciendo urgentemente necesarias medidas de protección y resistencia ante los ataques sistemáticos que se están ejecutando desde el poder.

Por último, ha reiterado que la inacción ante estos problemas puede tener consecuencias devastadoras para el país, pues las políticas actuales se traducen en aumentos de deuda, tensiones sociales artificiales y una creciente división entre los ciudadanos. Anticipando un futuro incierto, Ayuso ha insistido en que España no puede permitirse esperar más mientras se desploman las bases de su democracia.