En la jornada de este miércoles, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha denunciado de manera contundente los "graves actos delictivos" perpetrados por el ahora ex secretario general del PSOE-M, Juan Lobato. Esta acusación se realiza en un contexto de crisis interna en el partido socialista, donde se ha visto a Lobato en complicidad con sus compañeros al filtrar información vinculada a los supuestos delitos fiscales que comprometen a la pareja de la mandataria madrileña.

Según informan fuentes cercanas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, este conflicto interno dentro del PSOE no debe ser interpretado como un motivo de celebración o mejora. "Si se matan entre ellos, no significa que sea mejor", han afirmado, dejando claro que el comportamiento del exlíder socialista ha contribuido a la inestabilidad del partido, lo que refuerza la posición del Ejecutivo autonómico.

La renuncia de Lobato se materializó a través de una carta dirigida a los militantes, en la que explicó que su decisión busca detener el creciente clima de enfrentamiento y división que amenazaba con afectar negativamente al PSOE en Madrid. Esta aprobación de la dimisión llega tras días de críticas y la presión crescente que pedía su salida, además de la convocatoria de un Comité Ejecutivo regional extraordinario.

El exlíder del partido había previamente revelado que registró en notaría unas conversaciones de WhatsApp con un alto cargo de Moncloa, las cuales contenían información sobre un correo electrónico donde el novio de Ayuso admitía la existencia de delitos fiscales. Este hecho ha generado un gran revuelo dentro de la formación política, llevando a Lobato a asumir una posición de defensa ante lo que califica como un "linchamiento" por parte de las altas esferas de su propio partido.

La figura que estuvo implicada en estos intercambios es Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, a quien se ha mencionado como posible candidata de Ferraz para desafiar a Lobato en unas primarias a las que, por su dimisión, finalmente no asistirá.

La controversia alrededor de la filtración del correo, que se sospecha puede haber sido revelado por la Fiscalía, está siendo objeto de una profunda investigación. En este caso, se estudia un potencial delito de revelación de secretos que involucra al fiscal general, Álvaro García Ortiz, lo que añade un nivel adicional de complejidad a la ya tensa situación política en la comunidad.