El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha tomado una postura firme al requerir la renuncia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debido a las fallas registradas en las pulseras antimaltrato. La administración regional ha solicitado información detallada sobre cómo estas deficiencias han impactado a mujeres y procesos judiciales en la Comunidad de Madrid.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha hecho llegar una carta al Ministerio donde expresa su inquietud tras las advertencias emitidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) en su informe más reciente, el cual destaca absoluciones de acusados como resultado de "múltiples errores" en estos dispositivos de control.

Dávila subraya que la gestión de estos sistemas de seguridad ha presentado serias deficiencias, poniendo en peligro la vida y seguridad de muchas mujeres y sus hijos en todo el país. Ha enfatizado que cada día que pasa sin respuesta aumenta el riesgo y la incertidumbre para las víctimas de violencia de género.

La consejera ha exigido al Ministerio que proporcione una explicación clara y transparente sobre la adquisición y gestión de estos dispositivos, así como sobre la migración de datos entre las empresas responsables del sistema, que, según ella, ha comprometido los procedimientos judiciales.

Además, Dávila ha instado a Redondo a aclarar las razones por las cuales su Ministerio no actuó ante las advertencias recibidas previamente, y ha solicitado garantías sobre la seguridad de las víctimas y la integridad del sistema en la actualidad.

Desde su perspectiva, los problemas detectados no son meramente errores técnicos, sino que son parte de una serie de decisiones irresponsables del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que a su juicio representa el mayor daño causado a las mujeres en la historia democrática del país.

La consejera también ha criticado la falta de transparencia del Ejecutivo central, al considerar que ha intentado ocultar la gravedad de la situación a pesar de las advertencias de diversos actores en el ámbito judicial y de la defensa de los derechos de las mujeres.

Dávila ha calificado esta situación como una "negligencia premeditada" por parte del Gobierno, afirmando que han fallado en su deber fundamental de proteger a las víctimas de violencia de género. Por ello, reclama la dimisión de Ana Redondo, argumentando que las mujeres no pueden arriesgar su seguridad ante la incapacidad del Gobierno para garantizar su protección.