La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su firme rechazo a las medidas impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez, argumentando que sólo un régimen autoritario podría forzar a los profesionales de la salud a actuar en contra de su voluntad. Esta declaración se produjo tras el anuncio del presidente del Gobierno de solicitar a la Abogacía del Estado que interponga un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debido a la falta de presentación de un registro de objetores al aborto por parte del gobierno regional.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Ayuso enfatizó su compromiso con la defensa del derecho a la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios y recordó que el PSOE de Castilla-La Mancha había remitido el año anterior 2,000 abortos a la Comunidad de Madrid, un dato que enmarca en el contexto actual del debate sobre los derechos en el ámbito de la salud reproductiva.

Ayuso reaccionó a las acusaciones de Sánchez, quien había señalado que más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo en Madrid se llevan a cabo en clínicas privadas, sugiriendo que este fenómeno convierte un derecho fundamental en una oportunidad lucrativa para la industria. La presidenta madrileña se opone a esta interpretación y defiende la autonomía de los hospitales públicos en la materia.

Un comunicado emitido por el Gobierno de Sánchez subrayó que la administración regional se ha negado a establecer el registro de objetores de conciencia, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica 1/2023, que regula la salud sexual y reproductiva. Esta legislación, apunta el Gobierno, incluye la creación de un registro confidencial que aún no ha sido implementado por la Comunidad de Madrid.

Además, el Ejecutivo central ha criticado la falta de respuesta a un requerimiento enviado hace un mes por el Ministerio de Sanidad, en el que se solicitaba formalmente la creación de dicho registro, evidenciando la tensión entre ambas administraciones en cuestiones fundamentales relacionadas con la salud pública y los derechos individuales.