En Madrid, el 15 de noviembre, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha reiterado su compromiso de la Comunidad de Madrid con la protección de la vida y el derecho a la objeción de conciencia en relación con el aborto. Viciana ha subrayado la importancia de que un tribunal, y no un gobierno considerado "sectario", tome decisiones sobre el registro de objetores.

Estas declaraciones fueron realizadas durante una rueda de prensa en el instituto público Juan de la Cierva. En este contexto, el consejero destacó que el gobierno regional prefiere que sea la justicia la que se pronuncie sobre este tema, lo cual fue reafirmado por la consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien sostuvo que defenderán la libertad de objeción ante las presiones del Ejecutivo central sobre la implementación de un registro de objetores de conciencia.

Viciana insistió en que el aborto debe ser tratado como un acto legal, seguro y poco frecuente, y que tanto la Constitución como la objeción de conciencia son pilares fundamentales que deben ser respetados. "Desde luego, estamos comprometidos con la defensa de la vida y el derecho a la objeción de conciencia", afirmó el consejero.

En un desarrollo relacionado, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció que el Gobierno iniciará procedimientos legales contra la Comunidad de Madrid debido a la falta de presentación del registro de médicos objetores de conciencia en temas de aborto, siguiendo un requerimiento formal presentado hace un mes por su ministerio.

García criticó duramente a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a quien calificó de reaccionaria, acusándola de obstaculizar el derecho de las mujeres al aborto al negarse a cumplir con los requisitos legales establecidos. "La señora Ayuso ha decidido adoptar una postura rebelde frente a un derecho fundamental", comentó la ministra, subrayando la tensión existente entre el Gobierno regional y el central en este asunto tan polémico.