El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha informado que este lunes se solicitará a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso contra la Comunidad de Madrid. Esta acción se debe a la negativa de la región a establecer un registro de objetores de conciencia en relación con el aborto.

Sánchez ha resaltado en un mensaje en la red social 'X' que "más del 99% de los abortos en la Comunidad de Madrid se llevan a cabo en clínicas privadas". Según él, esta situación convierte un "derecho esencial" en un mero negocio, algo que su administración no permitirá. Es por esta razón que buscan llevar a cabo acciones legales contra el gobierno madrileño.

Un comunicado del gobierno central indicó que la administración encabezada por Isabel Díaz Ayuso ha rehusado de manera sistemática implementar el registro confidencial de objetores de conciencia, como se estipula en la Ley Orgánica 1/2023 sobre salud sexual y reproductiva.

Asimismo, el Gobierno destacó que la Comunidad de Madrid ha ignorado un requerimiento que fue enviado hace aproximadamente un mes desde el Ministerio de Sanidad, donde se instaba a la creación de dicho registro.

El Ejecutivo recordó que el 16 de diciembre de 2024 se aprobó por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud un protocolo para la creación del registro, el cual debe ser cumplido por todas las autonomías, y su incumplimiento podría ser cuestionado ante los tribunales.

El Gobierno subrayó que la negativa del ejecutivo regional representa una violación de la libertad de las mujeres en la Comunidad, creando una desigualdad de derechos en comparación con otras regiones. Además, se ha acusado a la administración madrileña de favorecer los intereses de las clínicas privadas al desviar la gran mayoría de los procedimientos hacia ellas.

La creación de este registro tiene como finalidad que los hospitales públicos puedan gestionar sus servicios de manera efectiva y garantizar el acceso al procedimiento de aborto sin necesidad de derivar a las pacientes a centros privados, según la explicación ofrecida por el Gobierno.

El 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento similar a las comunidades autónomas que aún no habían cumplido con la ley, incluyendo a Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid, otorgando un mes para obtener respuesta. Mientras que Aragón y Baleares iniciaron prontamente los trámites para establecer el registro, la Comunidad de Madrid aún no ha hecho lo mismo.