En el marco del Debate del Estado de la Región, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho pública su decisión de no aceptar la condonación de parte de la deuda autonómica ofrecida por el Gobierno central. Según Ayuso, esta medida es vista como un acto de responsabilidad y un firme respeto a la legalidad, ya que califica la normativa que la respalda como "ilegal".

Durante su intervención, Ayuso no solo defendió su postura, sino que también criticó abiertamente al Ejecutivo por, a su juicio, intentar castigar a las regiones que han manejado sus finanzas de manera adecuada. En su opinión, el programa de reducción de deuda se convierte en una "invitación" al endeudamiento poco responsable.

La presidenta relacionó la condonación de deuda con lo que denominó un "vínculo perverso" entre el sistema de cupo catalán y el manejo de la deuda. Aseguró que esta medida implica una absorción significativa de la deuda regional por parte del Gobierno, seguido de una exclusión de Cataluña del régimen común, lo que, según ella, representa una "doble trampa" para el sistema de financiación del país.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley que permite esta condonación, calculando que el Estado asumiría 8.644 millones de euros de la deuda de Madrid, lo que implica una reducción del 24% del pasivo de la región. A nivel nacional, se estima que la deuda de las comunidades autónomas ascendería a 83.252 millones de euros, siendo Andalucía y Cataluña las más beneficiadas en este acuerdo.

A pesar de las presiones del Gobierno, varias regiones gobernadas por el Partido Popular ya han manifestado su rechazo a esta propuesta legislativa. Distintos líderes autonómicos han indicado que están dispuestos a plantear una acción tanto a nivel político como judicial para frenar la aprobación de la norma, aunque algunos líderes no han dejado claro si esto significa que renunciarán a la condonación de deuda.