En una reciente declaración, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó su preocupación por la dirección que está tomando el Gobierno de España, asegurando que busca convertir las recepciones de los hoteles en comisarías.

La mandataria madrileña hizo estas declaraciones durante un evento para conmemorar el 30º aniversario de Radio Intereconomía, denunciando que la seguridad y el orden público del país están siendo comprometidos por EH Bildu, un partido que, según Ayuso, ha llegado al poder a través de la violencia.

En el marco de este evento, Ayuso criticó al Gobierno central por lo que considera una falta de protección hacia diversos sectores de la sociedad, como las mujeres, la policía, la Corona, los creyentes, los catalanes no independentistas y los jueces.

Entre las recientes acciones del grupo parlamentario de Bildu se incluye un pacto con el Gobierno para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, eliminando el uso de pelotas de goma, ajustando las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y presentando una reforma de la Ley de Extranjería para modificar las políticas de migración.

Para Ayuso, la participación de Bildu en estas decisiones es cuestionable y peligrosa, ya que considera que el partido tiene vínculos con el terrorismo y debería ser ilegalizado. Además, la presidenta alertó que el pacto entre Bildu y el Gobierno es motivo de preocupación, ya que se desconoce su contenido y podría tener consecuencias negativas.

Según Ayuso, la intención del Gobierno de España es que los hoteles se conviertan en comisarías, en un movimiento que considera peligroso y que va en contra del Estado de Derecho. La mandataria madrileña alertó sobre la criminalización de la vida cotidiana y la normalización del crimen que, en su opinión, están promoviendo estas decisiones.

La portavoz de Bildu en el Congreso detalló que la nueva ley buscará acabar con la discrecionalidad en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, protegiendo el derecho a la libre expresión. Además, se establecerán criterios más objetivos para imponer sanciones y se cancelarán aquellas impuestas por desobediencia en caso de retractación.

En definitiva, las medidas propuestas por Bildu y el Gobierno central han generado controversia y preocupación en diversos sectores políticos y sociales.