El 26 de junio, desde Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su enérgico rechazo ante la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) que respalda una controvertida ley de amnistía. Según Ayuso, esta legislación no solo "blanquea la corrupción de Estado", sino que también socava la seguridad jurídica del país.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la líder madrileña argumentó que dicha decisión "criminaliza la vida política y desmoraliza a la sociedad". Sus declaraciones se producen después de que el TC, con la mayoría progresista a favor y solo una oposición conservadora, haya aprobado esta amnistía, diseñada para eliminar las penas vinculadas a las acciones durante el proceso independentista de Cataluña y su culminación con el referéndum del 1 de octubre.

Durante su visita oficial a Estados Unidos, Ayuso también comentó previamente a los medios que la postura del TC supone un grave riesgo para la integridad de la separación de poderes en España y promueve la impunidad con un objetivo político evidente.

La mandataria reiteró en sus redes sociales que la amnistía equivale a "impunidad" y "destrucción del Poder Judicial", advirtiendo sobre las repercusiones que conllevan para el orden constitucional y la política del país. "Se está blanqueando una corrupción de Estado", enfatizó, añadiendo que "con esto, se pierde la seguridad jurídica" y se afecta la moral del pueblo.

En la misma línea, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, también se pronunció enérgicamente. Afirmó que la decisión del TC implica un respaldo a la "corrupción de Estado", considerándolo un hecho extremadamente grave, aunque no inesperado.

García Martín subrayó que esta amnistía era una necesidad para el presidente Pedro Sánchez para mantenerse en el poder en La Moncloa, lo que a su juicio resalta aún más el carácter problemático de la ley. Al describir la amnistía como un acto de colaboración con aquellos que violaron la ley y participaron en el golpe de Estado en Cataluña, consideró que es "una lamentable noticia para todos los españoles" que el Tribunal Constitucional haya validado tal medida.