El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado la disponibilidad de 630 plazas para atender situaciones de emergencia social, de las cuales 380 están destinadas a la acogida temporal de solicitantes de asilo.

El 19 de mayo, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, comunicó que el Ayuntamiento de Madrid ha dado un mes a los ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que actúen respecto a los solicitantes de asilo alojados en recursos municipales, antes de considerar acciones legales.

Fernández detalló que el Ayuntamiento ha solicitado acceso inmediato al sistema de protección internacional para todas las personas que han solicitado asilo y que actualmente se encuentran en centros municipales. Este requerimiento se realizó oficialmente el viernes anterior a la declaración.

La exigencia plantea que el Gobierno de España tiene un plazo de un mes para cumplir con sus responsabilidades. Si no se cumple, el Ayuntamiento se verá obligado a interponer una demanda judicial, según lo indicado por Fernández.

Se estima que alrededor de 400 personas están ocupando recursos de emergencia social, lo que está provocando una saturación en el sistema de emergencias del Consistorio. El delegado recordó que es responsabilidad del Gobierno central abordar estas competencias, conforme a lo estipulado en el artículo 149 de la Constitución Española, que señala las competencias exclusivas del Estado en asuntos de inmigración y extranjería.

Fernández también subrayó que, a pesar de haber abordado repetidamente esta situación con el Ministerio de Migraciones, la falta de respuesta y la mala gestión del Gobierno central han quedado evidenciadas en diversos ejemplos, como problemas en infraestructuras. “Es hora de que el Gobierno dedique su tiempo a la gestión efectiva”, sentenció.

Aunque la atención a los solicitantes de asilo es competencia del Gobierno, el Ayuntamiento ha implementado medidas temporales en sus centros municipales para evitar que quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad terminen en la calle. En este contexto, de las 630 plazas disponibles, aproximadamente 380 están siendo utilizadas por solicitantes de asilo y otros en un limbo administrativo tras haber recibido respuestas negativas a sus solicitudes.

Por otro lado, se ha señalado que hay 105 personas que ya tienen asignada una plaza en el Sistema de Acogida de Protección Internacional, pero que aún siguen retenidas en recursos municipales, lo que pone de manifiesto la saturación de estos últimos.

La duración promedio de la estancia en los centros municipales para los solicitantes de asilo es de 131 días, y hay casos que incluso alcanzan los 290 días. Se ha criticado el lento ritmo de derivación hacia los centros de protección internacional, señalando que en enero solo se realizaron nueve derivaciones de personas desde los centros municipales. Sin aumentos en estas tramitaciones, el Ayuntamiento se verá imposibilitado para recibir a nuevos solicitantes.