El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha solicitado a la asociación Arcópoli que realice ajustes en su informe anual sobre incidentes de odio motivados por LGTBIfobia, instando a eliminar elementos de naturaleza política que no se basen en hechos concretos.

En un comunicado divulgado el pasado 17 de mayo, Arcópoli ha criticado al Ejecutivo regional por imponer "limitaciones y presiones" sobre el contenido del mencionado informe. Según la asociación, estas acciones han creado un ambiente de tensión que interfiere en su labor de informar al público sobre la violencia enfrentada por las personas LGTBI+ en la región.

Representantes de Arcópoli han señalado que, aunque no ha habido prohibiciones directas, se ha generado un clima de presión que afecta su libertad de expresión. La organización ha indicado que ha recibido advertencias por parte de la administración que afectan negativamente su compromiso con la causa.

Por su parte, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha aclarado que solo ha solicitado correcciones en aspectos formales y de diseño del informe. Además, enfatizó que el informe debe ser fundamentado en datos objetivos, en virtud de la subvención que reciben para su elaboración.

El informe, como en ocasiones anteriores, incluye un análisis de los incidentes reportados y reflexiones sobre el contexto político y jurídico que los rodea. Sin embargo, Arcópoli ha expresado que el documento critica recortes a leyes LGTBI y Trans en la Comunidad, lo que ha dejado a las víctimas en una situación aún más vulnerable.

Debido a estas exigencias, Arcópoli ha optado por cancelar la presentación pública de su informe, programada para el 22 de mayo. La asociación ha manifestado su inquietud por el uso injustificado de procesos administrativos que intentan influir en el contenido de proyectos sociales, advirtiendo que la lucha contra la LGTBIfobia no debe ser limitada por visiones ideológicas.